A través de un medio de comunicación digital todo el Ecuador se enteraba que entre la Fiscalía y la Policía se llevaba a cabo una investigación denominada “León de Troya” que involucraba nada más ni nada menos que al cuñado del Presidente Lasso y a un viejo conocido en el círculo del Presidente y su Banco, tanto así que inclusive parqueaba su vehículo en los puestos reservados para los más altos funcionarios de dicho Banco.
Nos enterábamos también que tres altos oficiales de la Policía, su Comandante y 2 altos generales, decidieron proteger al Presidente y a su círculo mafioso y no a su país; y, aunque parezca inverosímil, era el Policía investigador, quien luego de haber recabado todos los indicios necesarios para continuar investigando, solicitó el archivo al Fiscal del caso, así mismo inverosímil que un Fiscal guiado por la recomendación del Policía haya decidido archivar el caso, ya que la Constitución y el COIP claramente establece que el director de la investigación es el Fiscal y no lo contrario.
Ahora, hasta la fecha, ha existido una alta funcionaria del Estado que frente a todo lo que pasaba a su alrededor, le ha querido convencer al país que nada sabía, sí, la Fiscal General del Estado tiene respuesta para todo, incluso para decir que nada sabía de una investigación que involucraba al círculo más cercano del Presidente; y, frente a ello nos asalta una pregunta ¿Si tamaña fue la negligencia del Fiscal que dispuso archivar aún cuando tenía elementos para continuar investigando una red de narcotráfico, qué ha hecho la Fiscal para sancionarlo?. Hasta ahora no hemos tenido noticias de si la Fiscalía allanó la casa de ese Fiscal como cuando ante la mera sospecha y de un personaje público se trata, lo hace. No conocemos si en su contra se ha iniciado una investigación previa o si por lo menos ese funcionario fue sancionado.
Pero bueno, “creyendo” que la Fiscal desconocía de lo primero, es decir, del archivo ¿Qué pasó con el caso a partir de que aparatosamente dijo que había decidido reabrirlo? Y nos referimos específicamente a que si ya con su “reapertura”, la Fiscalía al tenor de lo establecido en el artículo 530 del COIP, solicitó la orden de detención por 24 horas de Rubén Chérres con el fin de que la Policía comience su búsqueda, y con su captura conocer a los miembros de toda la estructura narco criminal que se había instalado en el gobierno, ofreciéndole en este caso sí (no como en el caso de los “cuadernos”) protección; y, efectuar con él una cooperación eficaz. No lo sabemos, habrá que preguntarle a la que para todo tiene respuesta por más mediocre que sea, tapiñada por sus acólitos de la prensa que la han calificado como la fiscal “anticorrupción” y a los que entrega las primicias de los casos más sonados para mantener su relación.
Entonces, si bien es evidente que ya en el primer archivo tiene responsabilidad política por el incumplimiento de sus funciones, mucho más por la “reapertura” y falta de una solicitud al Juez de una orden de detención por 24 horas para la búsqueda de Rubén Cherres y de esta manera evitar que lo MATARAN, curiosamente a pocos kilómetros de la casa de playa del Presidente!
En este contexto, debe la Asamblea iniciar un proceso de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado para verificar un incumplimiento de las funciones encomendadas a ella, llamando en primer término al Fiscal que le “tocó” disponer el archivo de un caso de delincuencia organizada internacional en la que estaba involucrado el círculo más íntimo del Presidente, para que hable y cuente lo que hasta ahora no le han permitido decir. Proteger su vida es fundamental para que no le pase lo que a Chérres!
