Quito, 11 may (La Calle).- La muerte de 11 soldados en Alto Punino, Orellana, durante un operativo contra minería ilegal, revela el dominio de grupos armados colombianos y mafias locales en la Amazonía ecuatoriana, donde la deforestación se multiplicó por cuatro en un año y 46% de la actividad minera ilegal invade territorios indígenas.
Los militares, pertenecientes al Batallón de Selva «Pastaza», fueron emboscados el 9 de mayo en una zona limítrofe entre Napo y Orellana, durante un intento por destruir campamentos mineros ilegales. Según fuentes castrenses, los atacantes —vinculados a disidencias de las FARC y bandas locales— usaron armamento de guerra, incluyendo fusiles AK-47.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Sin embargo, también subrayó que este hecho confirma una realidad denunciada históricamente por los pueblos originarios. Amplias zonas de la Amazonía han sido copadas por estructuras criminales que operan con impunidad, desplazan comunidades y destruyen ecosistemas, bajo la indiferencia o complicidad de autoridades locales y nacionales.
Amenaza a los pueblos amazónicos
Según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Fundación Ecociencia, la minería ilegal en el río Punino multiplicó por cuatro su impacto en solo un año. Pasó de deforestar 185 hectáreas en 2022 a 784 en 2023, con un 90% de esta actividad realizada fuera de concesiones legales. Esta expansión no solo amenaza áreas protegidas como el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y la Reserva El Chaco, sino que también ha facilitado la infiltración de grupos armados.
Testimonios recogidos por Mongabay Latam confirman que estos grupos operan en la zona desde al menos 2024, generando un clima de terror que se suma a la contaminación por mercurio, cuyos efectos en la salud de las poblaciones indígenas —especialmente en niños y mujeres— son cada vez más críticos.
A pesar de los operativos militares, como el Manatí 3 de mayo de 2023 en el que participaron 1.500 efectivos y se destruyeron 34 máquinas, la minería ilegal persiste gracias a tácticas de evasión. Eduardo Rojas, exdelegado de la Defensoría del Pueblo en Napo, denuncia que en la provincia operan más de 78 frentes mineros, muchos de ellos usando maquinaria oculta en concesiones legales o dividida en grupos pequeños para evadir detectores.
Desafíos
Las comunidades indígenas, por su parte, enfrentan un doble desafío: además de resistir la invasión de sus territorios. El 46% de la minería ilegal en Ecuador afecta áreas ancestrales. Kevin Zuñiga, comunicador kichwa, destaca que el uso indiscriminado de mercurio ha contaminado ríos enteros, afectando a familias que dependen de estos afluentes para su supervivencia.
“El agua que antes era fuente de vida ahora es veneno”, afirma, citando casos de neuropatías y enfermedades crónicas en niños de comunidades como Sinangoe.
Mientras el gobierno insiste en respuestas militares, organizaciones indígenas y ambientales exigen medidas integrales. La CONAIE reclama acciones urgentes para frenar el modelo extractivista, garantizar derechos colectivos y desmantelar las redes de crimen organizado. Propuestas como la declaratoria de emergencia ambiental, la militarización focalizada y la creación de comisiones internacionales de investigación han ganado fuerza, pero su implementación enfrenta obstáculos políticos y económicos.
El panorama se complica con el auge económico de la minería ilegal: Ecuador pasó de exportar USD 120 millones en oro en 2015 a USD 1.200 millones en 2023, según el Banco Central y al menos el 70% de este oro vinculado a actividades ilícitas. Esta bonanza, alimentada por la demanda global y cadenas de lavado de dinero, ha convertido a la Amazonía en un botín donde confluyen intereses criminales.
En medio de este escenario, la masacre de Alto Punino no es un hecho aislado, sino un síntoma de un colapso estructural. Mientras las balas callan voces y la selva sigue desapareciendo. La pregunta que resuena es si Ecuador podrá revertir esta crisis antes de que la Amazonía —y sus pueblos— alcancen un punto de no retorno.