Quito, 16 nov (La Calle).- El 62 % de los ecuatorianos considera necesario pagar sobornos para agilizar un trámite en el gobierno, según la encuestadora costarricense CID Gallup.
Ecuador ocupa el tercer lugar de países más “sobornables”, solo superado por Colombia y México, con 64 % y 68 % respectivamente. La lista está conformada por 13 países de América Latina y el Caribe. Fue realizada entre septiembre y octubre de 2022 a 1.200 personas de cada nación.
El panorama
En 2020, la ONG Transparencia Internacional elaboró un informe sobre el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 180 países. Su sistema de evaluación en el sector público utilizó una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy limpio).
Ecuador obtuvo una puntuación de 39/100 y se ubicó en el puesto 92 entre los 180 países evaluados, según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Esta es una calificación pésima, muy baja del promedio mundial y de América Latina.
Ejemplo
En octubre, Radio La Calle reveló cuánto hay que pagar y cómo es el proceso para obtener una licencia de conducir fraudulenta. Una periodista del medio contactó con un tramitador irregular de licencias de conducir. El sujeto cobra USD 1.200 por «agilizar» los procesos para obtener la especie.
En el 2021, la ANT identificó y eliminó alrededor de 35 mil licencias de conducir fraudulentas.
Si te interesa saber más del caso da clic en la siguiente nota: USD 1.200 cuesta una licencia de conducir fraudulenta.
La corrución pulula…
El problema se da a todos los niveles del Estado. Desde altos funcionarios hasta servidores de última jerarquía. Solo basta recordar los presuntos casos de corrupción de los consejeros presidenciales de Guillermo Lasso. El más sonado, Aparicio Caicedo, que habría actuado como alfil para encargar puestos en instituciones claves del Estado.
Los últimos vientos vienen del exministro de Energía, Xavier Vera, que es investigado por la Fiscalía por supuesto cohecho (sobornos) y tiene una denuncia por tenencia ilícita de carné de discapacidad. O la exministra de Salud, Ximena Garzón, que tiene una indagación previa por el presunto delito de peculado en la compra de medicinas sin registro sanitario o por caducar.
Recientemente, un medio español reveló que el actual ministro de Energía, Fernando Santos, habría tenido una empresa offshore mientras ejercía como funcionario público.
