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Más de mil informes con personas que practican el lavado de activos están varados en Fiscalía

Quito, 22 nov (La Calle).- La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene 1.280 informes ejecutivos con el listado de personas jurídicas y naturales que se dedican al lavado de activos en el país. Sin embargo, las sentencias condenatorias han disminuido en el país, detalló diario Expreso.

La entidad señaló que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos obliga a la UAFE a enviar el reporte de operaciones inusuales e injustificadas y entregar todas las sustentaciones necesarias. Luego, el proceso y sentencias queda en manos de la FGE.

El experto en Seguridad Pública, Diego Pérez, explicó a ese medio que la reserva de información es importante. No obstante, es pertinente analizar las prioridades de las instituciones para evitar que este delito crezca.

Además, resaltó la necesidad de saber qué pasó con las irregularidades que se denunciaron y cuáles fueron las acciones que tomó la Fiscalía.

“La ausencia de datos puede ser un reflejo de la ausencia de resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado”, explicó.

De la misma manera, el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado, Renato Rivera, mencionó que el sistema judicial en el país no ha logrado erradicar el blanqueo de capitales.

No llegan al meollo del asunto

Detalló que el 40 % de los casos que lograron llegar a juicio aún no se ha logrado determinar el sector económico de donde proviene el dinero lavado. “Eso hace que se caiga el caso y quede en nada, nuevamente”, insistió.

Además, cuestionó que pese a existir más reportes de Operaciones Inusuales, Injustificadas (ROII) entre 2021 y 20221, ahora las sentencias condenatorias hayan pasado de tres a una cada año. Resaltó que la UAFE se encarga de enviar las alertas, pero el proceso queda en manos de la Fiscalía.

También, cuestionó que no haya una solo sentencia de extinción de dominio, por lo que argumentó que no saben hacer la investigación.

“No existe una política pública o interés particular para impactar en las economías provenientes del crimen organizado”, apuntó.

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