Martínez busca echar mano del IESS y sus fondos por medio de la Ley Económica

Quito, 10 may (La Calle).- Entre las aclaraciones que aparecen en el segundo informe del Reformas a la Ley de Finanzas Públicas están la diferenciación de las instituciones de la Seguridad Social y las Instituciones Públicas.

Según el artículo dos númeral c de las reformas, el ejecutivo enfoca a los Institutos de Seguridad Social (IESS, ISSFA, ISSPOL) como entidades públicas que se encargan de la operación de la Seguridad Social.

Los asambleístas, que durante las sesiones, criticaron el contenido de ese numeral, le agregaron “Estas entidades son de carácter autónomo, no forman parte del Presupuesto General del Estado y sus fondos son propios, distintos de los del Estado”.

Además señalaron «Las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas deben limitar su accionar y espectro de aplicación exclusivamente sobre aquellas instituciones que conforman el Estado y que su financiamiento depende de manera directa del Presupuesto General del Estado, no debiendo inferir en los presupuestos que constitucionalmente son propios de ciertas instituciones, como son aquellas que conforman el Sistema de Seguridad Social». 

Por otro lado, el artículo nueve de las reformas busca una atribución al Ministerio de Finanzas sobre la entrega de anticipos para la contratación pública. Los legisladores rechazaron esa parte. 

La eliminación de esa reforma «clarifica las competencias necesarias para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda fortalecer las Finanzas Públicas, tales como, dirigir el proceso presupuestarios, aclarando que sean respetadas las competencias y autonomía de cada una de las instituciones como lo dicen la Constitución y las leyes», señala el informe.

El segundo informe se aprobó con ocho votos afirmativos y cinco abstenciones. Este domingo, el presidente del Legislativo, César Litardo, emitió un comunicado para llamar a una nueva sesión del Pleno para el 12 de mayo con el objetivo de debatir por segunda ocasión estas reformas. La Asamblea tiene hasta el 16 de mayo para emitir una resolución o las reformas originales pasarán por el Ministerio de Ley.

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