Quito, 04 ago (La Calle).– Un grupo de maestros del Colegio Mejía denunció que son perseguidos por la ministra de Educación, María Brown. Indican que se pretende sancionar a docentes vulnerando el debido proceso y anunciando estas sanciones sin prueba alguna.
Walter Pérez, abogado y vocero del colectivo, afirmó que han realizado el proceso sumarial y demostrado su inocencia dentro de un caso de cobros indebidos. Sin embargo, la directora distrital, mSc. Lilian López ha tratado a los profesores como culpables y adelantando su veredicto. “(Ella) ha manifestado reiteradamente que va a sancionar”, manifestó Pérez.
Todo empezó el 22 de marzo del 2023 cuando una madre de familia denunció un supuesto cobro indebido por parte de docentes del plantel. Ella habría mandado una carta al Ministerio de Educación explicando estas y otras anomalías en la institución. A razón de ello, el Ministerio emite un informe técnico el 31 de marzo para verificar y determinar la denuncia.
En el informe se estipuló cuatro acusaciones: sobresueldo, pluriempleo, incumplimiento de la jornada laboral y cobros indebidos desde varios profesores del colegio. El abogado Pérez explica que tres de esos puntos fueron desmentidos con base en el reglamento del Ministerio y leyes del Código Laboral.
Todo el proceso fue plasmado en informes dentro del expediente del caso. El 2 de junio fueron notificados del inicio del proceso sumarial y a la fecha han recogido más documentos y testimonios que desmienten esas acusaciones. Siguen a la espera de que el Ministerio fije una fecha para la audiencia de resolución, que se espera, sea en los próximos 10 días.
La defensa de los docentes
“En este caso, no podría haberse dado ese sobresueldo porque quien lo hubiese realizado es el Ministerio de Educación y no lo ha hecho. Ellos no han ganado más dinero que el sueldo que ganan como profesores. Por lo tanto, no es aplicable la figura de sobresueldo”, manifestó.
Siguiendo la siguiente acusación, de pluriempleo, Pérez ratifica que eso se hubiese demostrado si el acusado registra más de un nombramiento en el sector público. Hecho que desmintieron verificándolo en las aportaciones del seguro social.
A ello se suma que la entidad nominadora del nombramiento es el Ministerio de Educación. Algo incongruente si se pretende acusarlos de pluriempleo, cuando el responsable sería la cartera de Estado. Con respecto al tercer punto también aclaró que el distributivo de trabajo de los docentes también es emitido por entidades públicas.
Es decir, los distributivos son emitidos por los colegios fiscales y éstos a su vez son aprobados por el distrito educativo. El Colegio Mejía es competencia del Distrito Educativo número 4 (Centro). En ellos se determinó que su jornada obligatoria de trabajo es de 30 horas. Pérez añade que los maestros tenían participación extracurricular y sin percibir ingresos por ello.
El colectivo argumenta que la instancia superior de la Dirección Distrital es el Ministerio de Educación. De acuerdo con López, ella sigue órdenes superiores. Por ello relatan que al haber demandado respuestas de esa cartera de Estado, el colectivo no la obtuvo y tachó estas acciones como persecución.
Subrayan que Lilian López decidió deliberadamente desestimar el expediente con las resoluciones e informes de los abogados sustanciadores. Es decir, tomó una decisión arbitraria y ello parece ser claramente un acto de persecución para los acusados.
A la espera de la resolución
Frente a las pruebas físicas y testimoniales que contradicen las anteriores acusaciones y los cobros indebidos, los docentes siguen a la espera de su resolución. A pesar de que una directora jurídica determinó la improcedencia de las acusaciones, la directora distrital Lilian López la despidió y consideró al informe como referencial, según el jurista.
Esto quiere decir que el informe de este proceso fue desvirtuado por López, cuando este determina la resolución de los acusados. Para el abogado Pérez, la directora distrital cometió prevaricato. Delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
Según él, López habría manifestado haber llegado a ‘sancionar, a poner las cosas en orden, que va a sancionar a los del Mejía’ de manera reiterada y pública. Pérez recalca que eso no le da una seguridad dentro del caso ya que desde un inicio los abogados sustanciadores, quienes llevan el proceso contra estos docentes, aseguraron que no existe nexo causal.
Ellos determinaron que no existen elementos de convicción para poder sancionarlos y por lo tanto recomendaron el archivo de la causa. Sin embargo, la directora López ni siquiera habría leído las resoluciones sustanciadas dentro del expediente del proceso. Para el vocero de estos maestros, la directora distrital ha vulnerado el debido proceso y esto se ha convertido en una persecución.
Los antecedentes
El presidente del Comité Central de padres de Familia presentó el proyecto de conformación de una comisión de deportes. Esta era conformada exclusivamente por los padres de familia. Y entre sus propuestas estaba el apoyar las actividades extracurriculares como el arte y el deporte.
Para ello solicitaron apoyo al plantel con el espacio para desenvolver estas actividades. Las instalaciones dadas se encontraban en pésimo estado. Por ello usaron los fondos voluntarios recaudados por el comité para realizar un acondicionamiento integral del lugar. Cristian Tipán, presidente de la comisión y Blanca Ontuña, tesorera de la misma, fueron delegados directos del comité central.
Ellos determinaron las necesidades de cada club extracurricular y financiar su atención. Esto lo hicieron con programas como la inscripción de campeonatos deportivos. Inscribirse costaba aproximadamente USD 80. La mensualidad de estos clubes era de USD 30 debido al costeo de carnets, vocalías, implementos y el arbitraje de los encuentros deportivos.
Con ello explica el jurista que los profesores no tenían nada que ver en la parte económica de estas actividades. Él también recalca que si se pagaban a profesores era porque estos eran externos al plantel. Ello debido al déficit de personal de la institución.
Radio La Calle intentó contactarse con el Distrito Educativo 4 que comprende las zonas de San Juan, Chilibulo, Centro Histórica, parque Itchimbía y Puengasí, sin embargo, no respondieron a nuestras llamadas. (S.B.)
