Quito, 16 ago (La Calle). – La Defensoría del Pueblo ganó una acción de protección contra el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a favor de una madre en periodo de lactancia, quien fue removida de un cargo superior a uno de menor grado y salario, inobservando su condición de vulnerabilidad.
“El juez ordena al MCP restituya a la servidora inmediatamente a su anterior cargo, cancele los haberes no percibidos y publique la sentencia en su página web institucional”, indicó en un comunicado la institución.
Los Hechos
“Yo trabajé en el Ministerio de Cultura (MCP) desde 2017 y en enero de 2018 se me hizo otro contrato. En ese año yo me quedé embarazada. Tuve al bebé y notifiqué el proceso: embarazo, nacido vivo, baja de maternidad y período de lactancia. Al mismo tiempo cambiaron las autoridades en el Ministerio y cuando yo me reincorporo y vuelvo a mis actividades normales. Pero en enero de este año me solicitaron que presente un informe de fin de gestión”, indica la funcionaria.
Por la condición de lactancia, ella contestó negativamente al pedido. “Les dije que no voy a firmar nada que me voy a asesorar con abogados porque el contrato con el que indiqué mi periodo de lactancia debe respetarse hasta diciembre 2020. Me cambiaron el contrato sin mi autorización, yo trabajaba como especialista y me bajaron a secretaria”.
Acciones Legales
“Yo fui donde el ministro Juan Fernando Velasco, le pedí personalmente que por favor pararan en exigirme que cese mis funciones porque no iba a hacerlo. Acudí al Ministerio de Trabajo y me asesoraron, sin embargo, en su respuesta al MCP indican que se abstienen de emitir criterio y que lo dejan en manos de las autoridades del Ministerio”, relata la funcionaria.
A finales de enero de 2020, su hija empezó a presentar problemas de salud y cuando salió del hospital para pagar los gastos y encontró un pago de USD 500 que era inferior a lo que ganaba. Empezó a buscar ayuda legal y se acercó a la Defensoría del Pueblo en la primera semana de marzo.
Ahí presentó una acción de protección ya se que vulneraban los derechos de su hija al tener esta baja de sueldo. “Yo me he mantenido trabajando, mi cargo ha sido como secretaria, al igual que mi salario. Pero mis actividades no don secretaria si no como especialista, hago informes”, agregó.
El 31 de julio, tuvieron una audiencia con ambas partes de forma telemática. En esta audiencia los jueces no dictaron la sentencia. Convocaron a una nueva audiencia el 11 de agosto de manera presencial en la que estuvieron los abogados de la Defensoría en su representación.
