Quito, 11 abr (La Calle). – El docente universitario y coordinador del programa de investigación Orden, conflicto y violencia de la Universidad Central del Ecuador, Luis Córdova, explicó que la seguridad está ligada a la política económica, por lo que la tenencia de armas de uso civil transforma a la protección en una mercancía.
¿Deberíamos preocuparnos por la Ley Orgánica reformatoria a varios Cuerpos Legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral? ¿Qué cambios son los más alarmantes?
Creo que, si hay que preocuparse, precisamente por el hecho de que hay al menos cuatro cambios que amplían el poder punitivo del Estado. Esto quiere decir que le reduce la capacidad de control democrático a través de la intervención de los jueces, sobre todo para que Policía y Fiscalía puedan llevar a cabo investigaciones criminales. No solo por medio de espionaje de fuentes humanas, sino fundamentalmente por el ciberespacio.
Creo que este es un primer elemento clave porque la ley reformatoria permite no solo que se pueda crear la figura del agente encubierto informático, sino que permite que todas las grabaciones de audio y video de cámaras de vigilancia, ojos de águila, pero también las que realicen policías y militares con equipos de dotación propios, puedan servir como medios probatorios de incriminación.
El segundo cambio demuestra una mayor influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos que no son ni de defensa ni de seguridad. Esta delegación de competencias o esta restitución de facultades le da mayor peso político y económico a las FF.AA., lo cual da cuenta de la debilidad que hoy tiene el poder civil sobre ellas.
El tercer cambio tiene que ver con la visión narcotizada de la seguridad que se basa en ampliar algunos tipos penales como el terrorismo o incluir nuevos tipos penales bajo la lógica de que eso va a ser suficiente para contrarrestar la ola criminal en la que vivimos.
¿El espionaje y la influencia de las FF.AA. en otras áreas no atentaría contra la democracia?
Tiene que ver con la base conceptual de la política de seguridad que ha planteado el gobierno. Esto se basa en la idea de que al estar en una guerra contra los narcotraficantes se requiere mayores facultades para la persecución de los delitos del crimen organizado. El dilema que propone esta base conceptual es más seguridad a cambio de menos derechos y libertades civiles. Lo podemos ver en el caso de El Salvador, donde un presidente, Bukele, ha logrado contrarrestar las pandillas a costa de un enorme desgaste de las reglas democráticas.
Se debe a esta base conceptual de guerra contra las drogas que evidentemente va carcomiendo el margen democrático bajo el pretexto de garantizar y dar seguridad. Es un error que se plasma en las normas. Lo peligroso de esto es que, al abrirse las puertas para un mayor poder punitivo, las víctimas de la persecución y hostigamiento no serán solo criminales relacionados a organizaciones transnacionales sino también opositores políticos, periodistas incómodos, generadores de opinión que molesten al gobierno de turno.
Esto se vivió en el caso del gobierno de Rafael Correa, que compró el programa Galileo a la empresa Hacking Team para hacer espionaje y persecución político y lo hizo con los dirigentes indígenas, con los yasunidos y una serie de opositores políticos. Lo hizo al margen de la ley, ahora lo grave es que se está creando un marco legal para que esto se permita y legalice.
¿Esto se relaciona de alguna forma con las compras en seguridad que ha estado haciendo el Gobierno Nacional?
Eso es parte de lo que podríamos especular. No hay datos ni evidencia concluyente al respecto, pero si hemos visto el acercamiento que se ha dado con el Gobierno de Israel que entre sus productos estrella tiene la oferta del programa Pegaso, un spiceware para hacer espionaje cibernético, no es difícil pensar que una de las adquisiciones que haga el gobierno o que ya hizo fue precisamente la de este programa con toda la asesoría y equipamiento que eso implica.
Con respecto a la tenencia de armas ¿hay beneficiados allí? Porque el presidente ha dicho que lo han pedido las empresas de seguridad privada, los agricultores ¿quién se beneficia de esos cambios?
Sin duda yo creo que hay un sector claramente beneficiario que son los grupos económicos vinculados a ciertas agroindustrias que han venido presionando desde algunos años atrás para que se les dé mayores facilidades en la tenencia y porte de armas y constantemente las empresas de seguridad privada, no así los guardias, cuyo gremio ya salió a manifestar su rechazo. Los guardias seguramente no estarán de acuerdo porque los expone a mayor riesgo letal, pero los dueños están de acuerdo porque esto supone mejorar su servicio y por lo tanto rentabilizar mejor la oferta de protección privada.
Esto tiene que ver mucho con el modelo neoliberal y la política económica del gobierno porque ese es uno de los grandes puntos ciegos en el análisis de la seguridad. Normalmente se suele pensar que la seguridad no tiene nada que ver con la política económica cuando es todo lo contrario. Hay una relación intrínseca entre ambos campos de acción porque la política económica del gobierno que apuntala un gobierno neoextractivista, privilegiando ciertos sectores económicos, fomentando la acumulación a nivel del capital financiero. Es absolutamente congruente con esta liberalización del mercado de las armas y con la conversión de la protección en una mercancía.
En el fondo lo que está pasando es eso. El Estado ya no administra ni garantiza la protección del ciudadano, sino que le convierte a la protección del ciudadano en una mercancía que, así como se la compra, también se la vende. Por lo tanto, quien tenga mayores recursos, tendrá mejor capacidad de comprar la protección. Es a lo que nos avoca, tanto la Asamblea con su ley como el decreto ejecutivo 707.
Entonces no es que todo el mundo se va a armar sino los que tengan el dinero para hacerlo…
Sin duda alguna. Es una política súper elitista porque parte de un presupuesto falso pretendiendo que los ciudadanos y los civiles vamos a poder armarnos cuando es evidente que lo harán los sectores socioeconómicos que primero cuenten con los recursos para capacitarse, entrenarse y comprar las armas y municiones permanentemente. Eso es un poco la ilusión que genera, pero que evidentemente tiene un enorme redito en los sectores más acomodados de la sociedad que también están asustado y ven en esta opción la garantía de protección y cuidado.
Lo riesgoso de esto es que además se constituya lo que se conoce como vigilantismo, es decir, estrategias que utilizan los que son víctimas de crimen para poder enfrentar a los criminales y evitar ser victimizados. El vigilantismo en América Latina ha tomado varias formas, pero tal vez la más popular sea los linchamientos colectivos y las autodefensas. Los linchamientos normalmente son esporádicos, las autodefensas son más bien sostenidas en el tiempo.
Lo que podemos encontrar es que, si uno analiza la economía en ciertas zonas del Ecuador y la captura criminal del aparato policial, donde cada vez se muestra una policía más corrompida es muy probable que el país con esta flexibilización de la tenencia y porte de armas, más estos otros dos ingredientes, faciliten la creación de grupos de autodefensa vinculados a agroindustrias.
Ya hemos visto las denuncias de los gremios de pescadores artesanales por el tema de la piratería en el mar y también se ha autorizado el servicio de seguridad privada en espacios acuáticos. Es lo que ha pasado en la región y Ecuador no es un país excepcional, está en la norma general de lo que ha ocurrido en otros países violentos. (MIB)
