Quito, 29 jun (La Calle).- En Ecuador, durante los años 90 se firmaron la mayoría de los TBI. Su aplicación tuvo varias consecuencias que distan mucho de ser favorables para el país.
Los tratados afectaron al Presupuesto General del Estado. Ecuador ha sido demandado por un total de USD 21.223’947.079. Del monto indicado, hasta abril de 2017, Ecuador pagó $ 1.342’115.969 en función de laudos negativos o por acuerdo de partes a empresas como IBM, Oxy y Chevron, entre otras.
A la par, existen implicaciones socioeconómicas, macroeconómicas, de derechos humanos y ambientales de las empresas extranjeras inversionistas.
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El mayor grado de intervención por parte de las empresas “se produce en áreas de recursos naturales abundantes, en grandes extensiones, las afectaciones tangibles comprenden ecosistemas sensibles que albergan a minorías étnicas, flora, fauna y humedales de características invaluables”.
En el periodo 1993 a 2005, se dio un bajo dinamismo de la producción global en las áreas de intervención. Asimismo, la generación de empleo fue mínima. También los indicadores sociales “revelan una situación precaria en salud, educación, analfabetismo, en el acceso a servicios de agua potable, energía eléctrica, salubridad, durante la permanencia de los inversionistas extranjeros”.
Además, las empresas petroleras extranjeras dejaron problemas ambientales. Uno de los casos más perjudiciales es el de Chevron, cuya intervención en el territorio representa graves daños para el país. De forma irresponsable, provocó el derrame de más de 26,000 barriles de crudo hacia los ríos Aguarico, Quijos y Shiripuno. “También vertió 18,000 galones de agua de formación, más tóxica que el mismo crudo, provocando todo ello la muerte de peces, ganado y animales salvajes. Texaco abrió 916 piscinas, cuyas filtraciones han causado la toxicidad de tierras y la contaminación del agua y del aire”.
Un caso similar es el de las grandes empresas mineras que contaminan el agua de las localidades donde operan. Ante la protesta de los sectores afectados, los gobiernos establecen regulaciones ambientales, pero las mineras emprenden demandas de arbitraje internacional amparadas en los TBI, dejando en impunidad las acciones de las empresas extranjeras.
