En Ecuador, la Constitución de 2008 prohibió los Tratados Bilaterales de Inversión; y, el gobierno de Rafael Correa, en 2017, estableció decretos ejecutivos que dieron por terminado 16 de esos instrumentos. Asimismo, la Corte Constitucional (CC) dictaminó de inconstitucional la firma de los TBI pues las cláusulas de solución de diferencias entre inversores y el Estado ecuatoriano contenidas en los tratados son contrarias al artículo 422 de la Constitución (El Comercio 2020, párr. 3).
En 2018, la Asamblea y el Gobierno solicitaron a la CC la interpretación del artículo mencionado, para poder volver a los TBI. La entidad aún no se pronuncia.
No obstante, el gobierno de Lenín Moreno quiere, este año, para firmar los TBI con potencias extranjeras y dejar trazada la política económica y comercial del país para los siguientes 15 o 20 años (Arauz 2020, 17:50). Su política, entonces, se encamina a realizar privatizaciones y entregar la explotación de los recursos naturales a las empresas transnacionales y a grandes empresarios ecuatorianos (que funden como inversores extranjeros y que tienen empresas off shore en otros países) (18:30).
Como el período de gobierno de Lenín Moreno finaliza en 2021, el gran empresariado quiere firmar la subordinación al dictado de EE. UU, en materia de comercio e inversiones, pues su objetivo es proteger los negocios que aspiran concretar, asevera Arauz (2020, 22:30).
De concretarse estos acuerdos, será en detrimento de la soberanía del Estado. Por ello, la sociedad ecuatoriana, movimientos sociales, sectores indígenas y comunidades amazónicas deben estar atentos para elevar su posición en contra de las iniciativas que afecten sus derechos y los de la naturaleza.
Pero, las elecciones de 2021 constituyen una oportunidad para cambiar la correlación de fuerzas a favor de un gobierno de carácter nacional, que no se doblegue ante la presión de los grupos de poder económico, político y financiero; y que tenga la firmeza para restringir la protección de inversiones extranjeras. Esto, en parte, permitirá asegurar el derecho soberano de los estados en favor del bien común de los ecuatorianos. (PVC)
