Quito, 20 ene (La Calle).- La Asociación Agropecuaria «30 de Marzo», conformada por 74 familias campesinas de la provincia de Los Ríos, ha denunciado un presunto despojo ilegal e ilegítimo de sus tierras en el cantón Palenque.
Según el colectivo, un fallo judicial cuestionable y el uso de documentos presuntamente falsificados derivaron en el desalojo de 450 personas hace dos años. Ante esta situación, exigen la restitución de la exhacienda “Jesús María”, que ha sido parte de su sustento por generaciones.
El caso, identificado con el número 12-23-IS, se encuentra actualmente en la Corte Constitucional, bajo el despacho de la jueza ponente Ximena Cárdenas. La asociación realizará una rueda de prensa y un plantón el jueves 23 de enero frente a la sede de la Corte Constitucional en Quito para exigir justicia.
Historia de lucha
La Asociación Agropecuaria «30 de Marzo» nació oficialmente en 2009, pero su historia se remonta al esfuerzo de generaciones de trabajadores agrícolas que laboraron en las haciendas cacaoteras y bananeras de la zona durante el auge y la crisis del cacao en el siglo XX. Los apellidos Álvarez, Cedeño, Bustamante, Aguirre e Ibarra, entre otros, son testimonio de una lucha histórica que culminó con la adjudicación de la exhacienda “Jesús María” en 2012 por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Con la escritura pública registrada en enero de 2012, las familias transformaron el modelo productivo de la hacienda, reemplazando el monocultivo intensivo por un sistema diversificado y sustentable destinado al mercado interno.
Despojo y controversia ilegal
En 2021, el MAG, liderado entonces por Javier Lazo, emitió informes que alteraron los nombres de los adjudicatarios, transfiriendo las tierras a ocho personas ajenas a la comunidad campesina. Estos nuevos propietarios, representados por la abogada Valeria Rojas, obtuvieron una resolución judicial favorable tras presentar una acción de protección en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Vinces. Aunque la jueza Linda Silva emitió un voto salvado a favor de las familias campesinas, el fallo final favoreció a los nuevos adjudicatarios.
Posteriormente, la Asociación Agropecuaria «30 de Marzo» interpuso una acción de protección en Quito, obteniendo un fallo favorable. Sin embargo, el conflicto escaló y, en febrero de 2023, el juez Claudio Yuvicura Torres ordenó el desalojo de las familias. Según denuncias, el operativo contó con apoyo de la Policía Nacional y grupos armados irregulares, en lo que describen como una operación de tipo paramilitar.
Consecuencias y desplazamiento
El desalojo, ejecutado en marzo de 2023, resultó en la destrucción de cultivos familiares y la deforestación de 50 hectáreas de bosque primario que servían como zona de amortiguamiento del humedal Abras de Mantequilla, parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Además, se implementó un sistema de cultivo intensivo de palma africana.
Las familias desplazadas ahora enfrentan condiciones de extrema precariedad: sin tierra, vivienda, acceso a educación ni alimentos suficientes. «Fuimos desalojados injustamente con papeles falsificados. De repente llegaron abogados a decir que esa hacienda les pertenecía», declaró Daniel Castañeda, dirigente de la asociación a Kapari Comunicación.
A esto se suma un clima de amenazas de muerte hacia los líderes comunitarios, lo que ha incrementado la presión sobre el colectivo campesino.
En agosto de 2024, las tierras fueron vendidas a Harold A. y Karina A., empresarios vinculados a la agroindustria y a otros sectores como telecomunicaciones. Según reportes de medios locales, ambos tienen antecedentes relacionados con tráfico de drogas y robo, añadiendo una capa de controversia al caso.
Exigencias de la Asociación
Ante este panorama, la Asociación Agropecuaria «30 de Marzo» plantea varias demandas urgentes:
- Que la Corte Constitucional falle a su favor y restituya la exhacienda “Jesús María” a las 74 familias campesinas legítimas.
- Investigación y sanción para los responsables del despojo, incluidos funcionarios del MAG y miembros de la Función Judicial que actuaron en el caso.
- Comparecencia del ministro de Agricultura y Ganadería y del presidente del Consejo de la Judicatura ante la Asamblea Nacional.
- Que el expediente completo sea remitido a la Fiscalía General del Estado para investigar los delitos de tráfico de tierras y otros posibles ilícitos.
