Pamela Benalcázar Villaba
Quito, 3 feb (La Calle) .-Al parecer, algunos asambleístas no estuvieron preparados para el segundo debate de la Ley de Aborto por violación, pues se presentaron cifras irreales y datos imprecisos que intentaron justificar su postura.
La discusión, que inició en la mañana del 3 de febrero, se centra en los plazos para interrumpir el embarazo. El aborto por violación en el Ecuador fue despenalizado en 2021, sin embargo, se debate la normativa para plazos y acceso.
“Existen evidencias científicas de que el feto siente dolor desde la semana 12 de gestación” alegó la asambleísta de Unes, Sofía Espín. El asambleísta Esteban Torres habló incluso que desde la semana 8. Sin embargo, hay información avalada que habla de 22 a 26 semanas desde la concepción, antes de ese periodo no hay información concluyente.
Geraldine Weber del PSC aseveró que “La mayor causa de muerte es el aborto: son 45 millones de vidas sacrificadas al año por el aborto, en contraste con los 7 millones de vidas por covid-19”. En dos años de pandemia, según cifras de la OMS aproximadamente 5,7 millones de personas han fallecido por la pandemia.
Así mismo, Weber defendió la idea en al que el proyecto de ley quiere sancionar al doctor que quiere salvar vidas. Su sustento es inválido pues en el art. 15 de capítulo II la ley no contempla sanciones para el personal médico y en caso de que el galeno se subscriba a la objeción de conciencia, tiene la potestad de derivar el caso a otro profesional.
“Le van a poner cloruro de sodio (sal) dentro de la madre para que ahí se muera antes de que nazca el bebé” fue el criterio de Nathalie Viteri del PSC. La sal es un compuesto que no causa ninguna reacción al feto. El cloruro de potasio es el compuesto químico destinado para la practica de un aborto.
Luisa Gonzales, sin presentar un argumento sostenido, afirmó que “2.500 niñas son violadas y dan a luz en el país. Con esta ley esta cifra va a aumentar”.
Esteban Torres miembro del PSC quiso deslindarse de sus responsabilidades como asambleísta pues afirmó que “La sentencia de la Corte Constitucional dice que la Asamblea debe conocer y discutir la Ley, pero nunca debe aprobar”. Pero, sustentado en la aclaración de la Corte, el documento señala que los legisladores tienen la obligatoriedad de legislar y aprobar una ley.
Hubo otro asambleísta que estuvo completamente <<perdido>> en el debate, pues él estaba debatiendo la penalización del aborto.
Otros argumentos sostenidos que marcaron el debate
Las intervenciones de los asambleístas destacaron la ineficiencia del sistema de justicia en tratar demás de violencia de género. Según Johannna Moreira de Izquierda Democrática, has escasez de fiscalías y fiscales. En el 2019, la recarga procesal aglutina alrededor de 7 000 casos en manos de 94 jueces que tratan el tema de la violencia en contra de la mujer.
Hablando en montos económicos, el costo de la atención de los embarazos no intencionados al país le representa 67,84 millones de dólares, casi la mitad de ese presupuesto es destinado para la intención prenatal.
Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. Es así que 50 mil jóvenes de 15 a 19 años se convirtieron en madres en el 2019, expuso la legisladora de UNES, Esther Cuesta.
