Los costos del silencio mediático | opinión

Paulina Mogrovejo

Abogada de Derechos Humanos

Es para todas las personas conocido, que los medios de comunicación de masas juegan un papel clave en la vigencia de la democracia, pues garantizan el acceso a la información pública, visibilizan la corrupción, denuncian las vulneraciones de derechos humanos, y señalan los abusos de poder.

Desde el ejercicio de una prensa libre e independiente, es posible construir opinión pública informada, lo que a su vez contribuye con el ejercicio de la participación y control social, asegurando de esa forma, un ejercicio democrático de la Política.

Por esta razón, los derechos de libertad de expresión, comunicación e información, son bienes jurídicos protegidos de forma esencial, tanto por el sistema internacional de derechos humanos, como por nuestra Constitución, la cual garantiza la pluralidad y diversidad en el acceso, la propiedad y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Estas garantías constitucionales se encontraban vigentes en la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en 2013, la cual estableció una agenda programática de inclusión en la garantía de la libertad de expresión y comunicación, a favor de sectores históricamente afectados por la concentración de medios en pocas corporaciones del sector privado.

Ahora bien, es preciso señalar que, desde hace algunos años, vivimos en el Ecuador un proceso regresivo y discriminatorio en la garantía de estos derechos, del cual se benefician las grandes corporaciones mediáticas y sus titulares.  

Las políticas regresivas de Len’in Moreno, con el apoyo de la Asamblea Nacional, lograron detener avances como la democratización del uso del espectro radioeléctrico, la regulación de contenidos racistas y discriminatorios, la defensa de la ética periodística, el control de noticias falsas, los contenidos basura y el hostigamiento mediático, en especial contra actores de oposición, minorías y grupos vulnerables, como las mujeres políticas y los representantes de pueblos y nacionalidades.

Todo esto, con la obsecuencia de una prensa corporativa cooptada, que actuó a espaldas y en perjuicio de los ciudadanos. Basta recordar su silencio frente al pésimo manejo de la pandemia, el tratamiento de cadáveres en Guayaquil, o las irregulares vacunas VIP, de las cuales también se beneficiaron empresarios de la comunicación.

Y tal parece que, en el nuevo Gobierno, continuarán los viejos privilegios, pero con nuevas facturas. Así lo evidencian los primeros decretos ejecutivos del recién posesionado Guillermo Lasso, destinados a derogar el Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación y enviar un nuevo Proyecto de reformas, que beneficia exclusivamente a las grandes empresas de comunicación.

Desde luego, el apoyo tiene su costo. El costo de un régimen que pasa a la historia por ignorar los derechos a comunicar de la mayoría de ciudadanos, a cambio de silencio y legitimidad.

Ojalá que la Asamblea Nacional no confunda, como dice Galeano, la libertad de expresión con libertad de presión. Que la voluntad soberana, expresada en ley, no se reduzca a la voluntad de empresarios que deciden qué noticias existen y qué noticias no existen.

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