Quito, 11 jun (La Calle).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expresó que la movilización nacional e indefinida a partir del lunes 13 de junio de 2022 es motivada por la dura crisis económica que sufre el país. Líderes indígenas cuestionan que el gobierno de Gullermo Lasso no ha escuchado los 10 planteamientos propuestos por estos sectores.
«Las razones sobran, en una sola fuerza vamos a la Movilización Nacional. El movimiento indígena, organizaciones, colectivos sociales, barrios, sectores productivos, mujeres, jóvenes y ciudadanía se levantan ante la crisis que atraviesa el país», publicó la CONAIE en su cuenta de Twitter.
Los 10 planteamientos
El presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay, dijo la mañana de este sábado 11 de junio que el presidente Guillermo Lasso no ha escuchado los 10 planteamientos solicitados por el movimiento indígena. Los pedidos hacen referencia al presupuesto para la salud y la educación. Asimismo, la generación de empleo, políticas públicas y precios justos para los combustibles y productos agricolas.
- Reducción y más subida del precio de los combustibles. Solicitan congelar sus precios y focalizarlos a sectores que necesitan subsidios: agricultura, transporte, entre otros.
- Moratoria de mínimo un año para que más de 4 millones de familias paguen sus deudas.
- Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, entre otros, para que estos sectores productivos continúen produciendo.
- Empleo y derechos laborales. Frenar la precarización y exigir el pago de deudas al IESS.
- Moratoria a la minería en territorios indígenas y fuentes de agua. Derogatoria del los decretos 95 y 151.
- Respeto a los 21 derechos. Educación intercultural bilingüe, consulta previa, justicia indígena, entre otos.
- No a la privatización de los sectores estratégicos (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otros).
- Políticas de control de precios y la especulación en productos de primera necesidad.
- Presupuesto urgente para los sectores de salud y educación.
- Políticas públicas para garantizar la seguridad y frenar la ola de violencia, delincuencia y crimen organizado.
