Quito, 14 oct (La Calle).- El proyecto minero Llurimagua continúa en el limbo. Quién se queda con los millones de dólares de la explotación de esta mina de cobre en Intag, Imbabura, es una arreglo sellado. Lo cierto es que se ha entretejido una serie de argucias legales que perjudicarían al Estado ecuatoriano y beneficiarían a la firma chilena Codelco. En este entramado, el exsecretario de la Presidencia de Moreno, Juan Sebastián Roldán y su tío Francisco sacarían beneficio.
Las empresas involucradas en el proyecto minero son Codelco, una firma chilena que impulsó las primeras fases con un capital de USD 30 millones y con una participación del 49 % en las acciones. Por su parte, el Ecuador trabajó a través de la Empresa Nacional Minera (Enami) con 51 % de acciones.
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El convenio para explotar el cobre del proyecto se concretó entre las dos empresas en 2011. Sin embargo, la exfuncionaria del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Dayana Velasco explicó a Radio La Calle que desde entonces no se han avanzado los trabajos de la obra. Todo lo contrario, la parte ecuatoriana redujo su gestión técnica, solamente continuó en lo social y político.
“Codelco no come ni deja comer. No han avanzado los trabajos en Llurimagua, sobre los acuerdos a los que llegaron. En la parte técnica, en 2017, Enami redujo su gestión. Eso se ve en el sistema de gobierno de resultados”, precisó.
Enami debía trabajar más en la parte técnica, pero Codelco no reportaba los avances técnicos al Enami. La firma chilena no permitía revisar a la parte ecuatoriana revisar los testigos (barras donde está el material para el análisis).
¿Quién se beneficia de la “pausa”?
El acuerdo entre Enami y Codelco debía finalizar por esta falta de información entre las partes. Existían cinco puntos técnicos que no se cumplían y, por tanto, legalmente acabaría el contrato, refirió Velasco. No obstante, la mina de cobre es un proyecto de talla mundial que Codelco no podía perder: cinco mil hectáreas con 318 millones de toneladas de cobre. Explotar tanto cobre provocaría que el precio de la materia baje. Según Velasco, a Codelco no le conviene explotar la zona en estos momentos, sino en 25 años.
Además, en 2018 se formó una sociedad entre las dos empresas. Enami puso los derechos de concesión y Codelco, la propiedad de la información geológica de la explotación básica. En 2018 se firmó el acuerdo para traspasar el proyecto a la sociedad, por lo que era necesario un pacto de accionistas que debía hacerse en 2019. Solo así podría explotarse Llurimagua.
… ¿y el lobby?
Para mantener el control sobre la concesión, Codelco habría hecho lobby con el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Moreno. Velasco señaló que las empresas del nivel de Codelco contratan estudios jurídicos con suficiente acercamiento político para que hagan el lobby necesario para conseguir o mantener una concesión.
Es aquí donde aparece el abogado chileno Jerónimo Carcelén Pacheco, contratado para asesorar al Ministerio de Minas en 2009. Él junto a Francisco Roldán, quien es socio del estudio Pérez, Bustamante y Ponce, crearon las argucias legales para favorecer a Codelco.
El Pacto de accionistas incluyó el mecanismo de Deadlock que es venta forzosa del paquete accionario y diluirá la participación accionaria de ENAMI de su 51%. Si los accionistas no alcanzaron un acuerdo sobre el contrato de operación y no lo celebraron en el plazo estipulado, Codelco se queda con todo.
En este caso, Roldán y su tío hicieron este trabajo de lobby, presume Velasco. Ya en el gobierno de Moreno tuvieron lo necesario para mantener el convenio, que debía cerrrarse.
El proyecto debía dar paso a otra empresa que quiera seguir con las condiciones legales, estándares y ambientales. Aún en el gobierno de Lasso, Codelco continúa en el país e impuso el arbitraje.
