Quito, 11 may (La Calle).- El economista Juan Pablo Jaramillo, indicó que el proyecto de ley de Apoyo Humanitario que se debatirá por segunda vez en la Asamblea Nacional no da una solución real a la crisis económica que vive el país.
«Hay problemas de constitucionalidad, una debilidad conceptual en la que no se está dando una real solución a los problemas que se dan producto de la pandemia. Lo cierto es que el proyecto que llegó y el proyecto que va al segundo debate ya no es el mismo», expresó en conversación con Radio La Calle.
Aunque cree que el proyecto ha mejorado, hay errores que se necesitan corregir y que el presidente de la Comisión, el asambleísta, Esteban Albornoz, manejó de manera deficiente.
«Del proyecto original al del segundo debate si se evidencia un alivio para la clase media y para las clases populares. Yo creería que la tabla se va a quedar como está, más bien hay voces que piden que se elimine totalmente esa contribución», indicó el experto acerca de la nueva tabla de contribuciones de las personas naturales que ahora empieza en USD 2.500.
Para el economista, el problema con ese artículo es su baja constitucionalidad. «La constitución establece que toda la temática tributaria se rige bajo el principio de ley. Esto implica que un impuesto o una exoneración del impuesto no puede ir vía reglamento». Sin embargo, la Comisión que la exoneración se haga bajo reglamento, lo que vuelve a ese artículo inconstitucional.
Por otro lado, el abogado Felipe Gómez analiza al borrador original del Ejecutivo. «Es una ley donde cuidan al máximo el capital privado en desmedro de los derechos de la ciudadanía. Aún así hay temas en la ley como el asunto laboral que es un asunto que es increiblemente agresivo»
Artículo polémico
«Hay una discusión muy acalorada por el artículo 5. Ese es un artículo que pidió el bloque de la revolución ciudadana que se incorpore. Se buscaba la contribución de un 2% en bienes inmuebles de empresas que estén en paraísos fiscales», indica.
Agregó que hubo mucha desinformación sobre el tema y que incluso grupos políticos como CREO o el Partido Social Cristiano dijeron que era un impuesto que se iba a cobrar a todos
El abogado expresa que es necesario el cobro de este tributo.» Cuando hablamos del 2% sobre el patrimonio de empresas que tienen sus recursos en paraísos fiscales, no hablamos de pequeñas, medianas o empresas que se hallan al borde de la ruina. Estamos hablando de empresas que se convierten en figuras de transnacionales y tiene la capacidad de contribuir».
Deudas al SRI
Otro tema de discusión en la Comisión de Desarrollo Económico fue el cobro de deudas en firme de las empresas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). «Se generó polémica porque también había una disposición que le daba al SRI, la facultad de iniciar un proceso de coactivas sobre bienes de las empresas que tienen deudas en firme. Allí también hubo desinformación, y entró al debate a última hora», explicó
El cobro de las deudas en firme generaría más pagos al fisco que cualquiera de las medidas que sugiere el proyecto de ley.
Mutuo Acuerdo
Uno de los temas sensibles del proyecto de ley es la generación de un mutuo acuerdo entre empleado y el empleador, que no existe al no haber igualdad de condiciones entre ambos.
«El hecho de decir, lleguen a nuevos acuerdos en lo salarial, en los horarios, en las prácticas de todos elementos que constituyen la materia laboral. Si se puede decir que se podría caer en el riesgo de precarizar el empleo», señaló. Con estos cambios, el empleador podría decidir sobre el goce de las vacaciones del empleado, una vulneración a los derechos laborales.
«Vamos a regresar a un sistema de mecanización y ganancias laborales a costa del trabajo cuando eso se pudo combatir con la eliminación del trabajo por horas en el 2008 y la eliminación de la tercerización», señaló Gómez.
Aprobación
«Hasta el 15 de mayo tiene que haber una resolución, aceptando con las modificaciones o simplemente negando. El momento que no da una respuesta el legislativo sobre este proyecto de ley, va a pasar el borrador original, donde las aportaciones de las personas estarían desde los USD 500», expresa el jurista.
