Quito, 05 jul (La Calle). – Los estudiantes graduados de psicología general no son considerados personal de salud de acuerdo con la regulación ecuatoriana. Este problema atraviesa a todas las Universidades, no obstante, en el caso de la San Francisco no se especificó este punto en la oferta académica por lo que los profesionales han decidido tomar acciones legales.
“La problemática tiene diferentes matices, pero principalmente ocurre que los graduados como psicólogos generales no son considerados como personal de salud o profesional médico. Esto hace que las ofertas académicas, por las cuales cursaron esta carrera, no estuvieron claras y ellos estudiaron pensando que iban a ejercer la profesión”, explicó a Radio La Calle, Washington Andrade, jurista a cargo del caso.
Estas limitaciones para los psicólogos se impusieron desde el Ministerio de Salud y el Consejo de Educación Superior (CES). “Un psicólogo general no podría beneficiarse ni beneficiar a sus pacientes con una tarifa cero. Debe facturar con el 12% del IVA. Adicionalmente no puede cumplir funciones en las instituciones públicas de salud. Tampoco puede dirigir Centros de Psicología. Están limitados, incluso en las terapias dentro de su área”, agregó.
Además, tampoco cuentan los postgrados. “Un psicólogo general, a pesar de que haga una maestría o doctorado, tampoco es considerado personal de salud. Hay varias aristas en esta problemática. Por un lado, la limitación por parte del Estado y por el otro, la falta de claridad en la oferta de las Universidades.
El caso de la USFQ
En el caso de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) hay una gran cantidad de estudiantes a los que esta Universidad les dio también la posibilidad de un posgrado. “No obstante, a pesar de que pueden graduarse tampoco recibirán los beneficios de ser personal de salud. Vemos que hay un gran número de perjudicados”.
Los estudiantes decidieron asociarse y acudir a la ayuda legal. “Hay que hacer un análisis de si las resoluciones de las instituciones estatales violan sus derechos como profesionales. El derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, etc. Tenemos previsto mantener las acciones constitucionales correspondientes ya sea en colectivo o individual”.
Estas acciones no implican quitar la responsabilidad a las universidades que no aclararon la oferta académica. “Tenemos muchos reportes. En las páginas web de las universidades se podría establecer que hubo publicidad engañosa en cuanto a la malla curricular”.
Entre las instancias legales se propone una acción de protección o medidas cautelares, de manera individual o colectiva en contra de los organismos. También están reuniendo información sobre la oferta académica que hicieron las universidades y si estas ofertas se cumplieron. La cantidad de estudiantes perjudicados alcanzaría los 700. MIB
