Quito, 16 jun (La Calle).- El pasado 14 de junio el presidente Daniel Noboa ingresó a la Asamblea Nacional su tercer proyecto económico urgente: la Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local. Presentada como una herramienta para «rescatar territorios tomados por el crimen organizado», la iniciativa promete combatir minería ilegal, narcotráfico y tala clandestina en áreas protegidas mediante alianzas público-privadas y militarización.
El texto legal, de apenas cinco artículos, es una caja de Pandora de ambigüedades:
- Artículo 5: «La intervención, administración y operación del sector privado de las áreas protegidas, se realizará a través de instrumentos contractuales con el organismo público encargado de la administración y gestión de áreas protegidas para actividades como servicios turísticos» o «protección ambiental». Sin embargo, la ley no define límites ecológicos, mecanismos de vigilancia ciudadana ni sanciones por incumplimiento.
- Militarización verde: «Para la gestión de las áreas protegidas, la autoridad competente podrá solicitar a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas que brinden seguridad en el perímetro del área protegida, bajo el modelo de gestión y compensación que se determine; sin perjuicio de gestión de los guardaparques
- Beneficios fiscales opacos: Recicla exoneraciones de 20 años a «emprendimientos turísticos» (Art. 54 del Código de Producción), sin exigir estudios de impacto ambiental ni cláusulas de reversión si se degrada el ecosistema.
El gobierno justifica la urgencia citando el ataque de grupos armados en la Amazonía el 11 de mayo de 2025, pero omite que 19 gobiernos locales ya están acreditados para gestionar áreas protegidas. Provincias como Tungurahua y Guayas invirtieron alrededor de USD 4.2 millones en conservación en 2023 sin privatizar ni un centímetro de territorio.
Aquí la propuesta
Antecedentes: Caso Olón
En septiembre del 2023, La empresa Vinazín—vinculada a Lavinia Valbonesi, primera dama— presenta el proyecto ECHO: cuatro edificios de lujo con acceso privado a la playa de Oloncito, en un terreno que incluía zonas de manglares protegidos. El informe técnico admitía que la obra requiere «intervención del estero».
Frente a esta situación, comuneros de Olón iniciaron protestas pacíficas tras ver maquinaria talando mangle. «Es un crimen: aquí anidan fragatas y cocodrilos americanos», denunciaba una de las habitantes de la zona. Posteriormente, llegaron 200 efectivos policiales y militares «para vigilar el orden».
Respuesta del gobierno
Frente al impulso de esta nueva ley en la Asamblea, Carolina Jaramillo, vocera oficial del gobierno, aclaró que la normativa no busca privatizar las áreas protegidas del país ni cambiar su status.»Esta ley busca promover entre tantas cosas, el turismo ecológico», dijo en rueda de prensa.