Quito, 30 de jun (La Calle).- La Unidad Nacional de Educadores (UNE) presentó ante la Corte Constitucional la primera demanda contra la Ley Orgánica de Integridad Pública. Consideran que esta normativa, aprobada recientemente por la Asamblea y promovida por el gobierno Daniel Noboa, representa un retroceso en garantías laborales, afecta la estabilidad y libertades de los servidores públicos, principalmente en el sector educativo.
La UNE sostiene que la Ley de Integridad Pública vulnera de forma directa la carrera administrativa, al permitir la contratación sin procesos adecuados y habilitar despidos arbitrarios. Esto, según el gremio, debilita el principio de estabilidad laboral garantizado en la Constitución y genera incertidumbre entre los funcionarios públicos, en especial docentes que durante décadas han exigido procesos transparentes y justos para el ingreso y permanencia en el sistema educativo.
Además, alertan que la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) contenida ante esta aprobación impacta directamente a los docentes, al eliminar el derecho a una jubilación digna con compensaciones justas, prolongando el tiempo de servicio sin garantías claras. Lejos de mejorar la gestión estatal, la ley consolida un modelo de flexibilización laboral que afecta derechos históricos conquistados por el movimiento sindical.
UNE convoca a la acción
El presidente del movimiento, Andrés Quishpe, convocó a organizaciones sociales, sindicatos y a la ciudadanía a unirse en la defensa de los derechos laborales y a exigir una reforma pública que no afecte a los trabajadores. Señaló que la demanda presentada este 30 de junio ante la Corte Constitucional es apenas el primer paso para ser escuchados, frente al rechazo a las modificaciones encubiertas dentro de la normativa, que afectan directamente al magisterio.
Además, anunció que el jueves 11 de julio, a las 09h00, se realizará una movilización en Quito. La marcha partirá desde la sede de la UNE y se dirigirá al órgano constitucional, como una forma de alzar la voz ante el abandono estatal al sistema educativo.
Finalmente, UNE afirma que la Ley de Integridad Pública no solo va en contra de la Constitución, sino que también perjudica los años de esfuerzo por tener un servicio público justo. Manifiestan que la demanda busca detener un sistema que aunque habla de supuesta eficiencia, en realidad quita derechos básicos a los trabajadores. (C.M)