La tercera es la vencida. Esa máxima utilizó el Gobierno de Lenín Moreno con su alfil, el Ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) acepte a trámite la mal denominada Ley de Defensa de la Dolarización que, en esencia, es una Ley para defender los intereses de los banqueros y no de los depositantes.
¿Por qué tanto interés y tozudez por parte de este Gobierno -que apenas tiene el 4% de aceptación- para que la Asamblea aprueba esta Ley? ¿Se repite el escenario de 1994 donde el Congreso allanó el camino para el feriado bancario de 1999 en el Gobierno de Jamil Mahuad? ¿Por qué se quiere privatizar el Banco Central?
Estas preguntas deben contestar el presidente Lenín Moreno, el ministro Pozo y los representantes de la banca. Tienen la obligación de transparentar el interés por entregar el manejo de la política monetaria y crediticia del país a los dueños de los bancos.
En plena emergencia económica, sanitaria y política este Gobierno benefició a la banca y a las élites económicas del país con leyes que tienen con nombres rimbombantes pero que en la práctica generaron desempleo, como la denominada Ley Humanitaria que precarizó el trabajo de miles de personas. Asimismo, la Ley de Fomento Productivo condonó millonarias deudas a 25 grupos empresariales y cómo olvidar la Ley que impuso un impuesto del 2% a los microempresarios. Mientras tanto el pueblo ecuatoriano tiene que seguir mendigando por un puesto de trabajo mal remunerado y que no le alcanza para tener una vida digna.
No hay duda que la Ley de Defensa de la Dolarización es una Ley de Defensa y Beneficios para la banca que pone en riesgo la estabilidad del sistema monetario del país.
