Quito, 06 abr (La Calle).- La decisión de la Asamblea Nacional de remitir a la Corte Constitucional el veto parcial del presidente Guillermo Lasso al proyecto de Ley de Aborto por Violación es apoyada por organizaciones de mujeres y feministas.
Para la socióloga feminista, Ana Cristina Vera, es sumamente importante lo sucedido en la Asamblea, pues se decidió poner un límite al poder presidencial desde la Asamblea.
“El mensaje claro es: un veto de constitucionalidad no tiene que ver únicamente como lo nombre una persona, el presidente, sino con el fondo de los argumentos. Aclarando que la democracia se sostiene en la división de poderes”, sostuvo.
Además, Vera insistió en que si bien el presidente no puede estar de acuerdo con las leyes y puede objetarlas, esto no significa hacer una nueva ley completamente distinta.
“Si se está en desacuerdo absoluto con una ley, puede hacer un veto total. Puede objetar haciendo una interpretación constitucional, pero debe someterla a la Corte Constitucional y no hacer él, un control previo de constitucionalidad”, expresó.
“Ninguna persona o poder puede usar abusivamente sus potestades para usurpar el poder de otra institución, no somos un país con un emperador absolutista, sino un Estado constitucional de derechos y justicia, donde todo el mundo debe respetar la constitución y la ley, incluido el presidente”, añadió.
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El veto de Lasso a la Ley de Aborto por Violación
Las objeciones del mandatario incluyen 49 observaciones y 6 cambios realizados por el presidente, lo que significaría el envió de una nueva Ley. Entre los cambios, se estableció el plazo de 12 semanas como límite para realizar un aborto, sin tomar en cuenta si la víctima pertenece al sector urbano o al sector rural. Solo exceptúan a las mujeres con discapacidad mental.
Además, impone requisitos como denuncia, declaración jurada o examen médico legal. Asimismo niñas y adolescentes requieren autorización de representantes legales, olvidando que en la mayoría de ocasiones son, precisamente, los representantes legales, familiares, e incluso los propios padres quienes abusan sexualmente de las menores.
El veto también plantea que las instituciones de salud privadas podrían objetar conciencia institucional.
El texto alternativo fue enviado a la Corte Constitucional con 75 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones para ser evaluado.
