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Letal austeridad fiscal en Ecuador

Quito, 31 jul (La Calle).- La austeridad fiscal implementada en el país es considera una amenaza letal para la inversión pública.

Para el economista Marco Flores la austeridad fiscal que enfrenta el país, incluso, debería alarmar al Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Entre enero y abril de 2022 el Sector Público (SPNF) acumula USD 1903,8 millones de superávit primario (antes de pagar intereses deuda pública) y 1285,0 millones de superávit global (después de pagar intereses)», afirma.

Si bien el Presupuesto General del Estado oscila en un valor codificado de USD 3 084 millones mediante el Plan Anual de Inversiones. De enero a junio solo se han girado USD 300 millones.

Es decir, USD 962 millones menos que en 2021.

Según Flores, es ahí donde se puede evidenciar la «letal» austeridad que destruye la inversión social en el Ecuador.

Si bien el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena aseguró el cumplimiento del acuerdo establecido y aprobado por el FMI, en julio de 2022.

Arosemena también garantizó que la inversión social pública con desembolsos efectivos tendrá un incremento sustancial, con el fin de dar atención a las urgentes necesidad sociales, impulsar la economía y el empleo.

Asimismo, informó que para finales de 2022, el déficit global del Sector Público No Financiero (SPNF) se ubicaría en un estimado de 2,1% del PIB.

Sin embargo, el economista Flores sostiene que no existe la posibilidad de cumplir con lo establecido por el ministro de Finanzas.

«Salvo que el gobierno incumpla lo ofrecido, continúe la desatención social por reducción sostenida de la inversión pública y de la ejecución presupuestaria. Es decir, el Gobierno siga haciendo lo mismo de los últimos 5 años», indicó.

¿En qué consiste la austeridad fiscal?

La austeridad fiscal es entendida como la reducción del gasto público por parte del Gobierno, con el objetivo de disminuir el déficit presupuestario y la deuda pública.

De la misma manera, puede ser implementada como una medida de preparación anticipada para futuras reducciones esperadas en los ingresos del Gobierno.

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