Quito, 24 nov (La Calle).- El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, sostiene que la Ley de Desarrollo Económico, enviada a la Asamblea por el presidente Guillermo Lasso, debilita el control de paraísos fiscales y evasores tributarios.
El líder de la organización indígena, a través de su cuente de Twitter, expresó que esta Ley perjudica a las mayorías populares y a la clase media, afecta a los productores, promueve el extractivismo y la privatización. “Beneficia solo a la banca y al FMI”, advirtió.
En un comunicado de la CONAIE, emitido el pasado 17 de noviembre, la organización argumenta que la propuesta de Ley es, principalmente, un intento de desregularización financiera para debilitar los controles de fuga de capitales, empresas offshore, corrupción y evasión tributaria.
Asimismo, enfatiza en que es una reforma tributaria regresiva que pone la carga de la crisis en los hombros del contribuyente común y la clase media.
La organización explica que el Proyecto de Ley no contempla el fortalecimiento de regulaciones para las operaciones de residentes con los paraísos fiscales. “La publicación de los Pandora Papers vinculan al presidente Guillermo Lasso con empresas fantasmas: la evasión tributaria y el crimen organizado mundial operan mediante fideicomisos y compañías con responsabilidad limitada, ubicados en paraísos fiscales; sobre esto la Ley de Lasso no propone nada”, puntualiza.
¿Qué implica la Ley?
La CONAIE indica que en el título sobre Régimen Impositivo, Voluntario, Único y Temporal para la Regularización de Activos en el Exterior, se busca repatriar capitales que se encuentran en el exterior, incluyendo el blanqueo y el lavado de los activos de personas que tienen su riqueza en fideicomisos offshore, empresas fantasmas y paraísos fiscales (Art. 20.b).
Además, sostiene que se abre la posibilidad de regularizar activos de origen ilícito que forman parte de entramados de corrupción, crimen organizado y evasión tributaria. (Art. 20.b y c). También pone en evidencia la Disposición General Segunda, donde se reconoce que el blanqueo puede dar lugar a la intervención de grupos ilegítimos o ilegales.
Entre otras aristas, la CONAIE expresa su preocupación por la parte de la reforma que apunta a cobrar más impuestos a la clase media, antes que a los sectores de ingresos altos.
«Con la reforma del impuesto a la renta, una persona que gana USD 2.000 mensuales, tendrá que pagar 16 veces más de lo que pagaba antes; mientras que una persona que gana USD 10.000 mensuales, solamente tendrá que pagar 0.5 más de lo que pagaba antes», puntualiza.
Reitera que al incrementar el impuesto a la clase media, disminuirá el consumo, las ventas y habrá menos incentivos para la producción y la recuperación económica, lo cual afectará a la sostenibilidad de las industrias y los comercios con intereses nacionales.
De igual forma, considera que este Proyecto de Ley no responde a las necesidades de recuperación económica y generación de empleo tras la pandemia. En realidad, dice la CONAIE, es una legislación que pretende cumplir con las condiciones impuestas por el FMI, para desembolsar USD 700 millones de dólares hasta el final de este año.
Enfatiza que esos recursos serán usados para pagar deuda externa, apoyar las importaciones de grandes emporios comerciantes y la fuga de divisas de los grupos financieros.
«El Proyecto de Ley no corresponde con el momento de grave crisis económica, que requiere incentivos para generar un crecimiento económico con generación de empleo digno e inclusión social. El Proyecto de Ley es un intento por brindar mayores privilegios al capital financiero en contra de toda la economía real. Los más afectados son las personas y los pueblos históricamente empobrecidos, pero también está en juego la salud del sistema económico nacional y sus posibilidades de desarrollo», advierten.
