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Legislativo aprueba Ley Organica de Vivienda de Interés Social

Tras su publicación en el Registro Oficial, la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social fue aprobada por el Legislativo en la sesión No. 767.

Quito, 09 mar (La Calle).- La Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social se aprobó la tarde de este miércoles. Con un veto parcial del Ejecutivo la Ley entrará en vigencia y reconocerá que la vivienda es un derecho convertido en servicio público, destinado al beneficio de todos los ecuatorianos.

Este proyecto de Ley presentado en 2018 e impulsado por Patricia Sánchez, asambleísta por Pachakutik, se ratifica hoy con 113 votos y 131 para allanamientos. Así, las mociones presentadas por la asambleísta a la Objeción Parcial del Presidente Guillermo Lasso, tienen luz verde por parte del Legislativo.

Patricia Sanchez, destacó que este proyecto de Ley lo viene trabajando por 30 años junto a organizaciones sociales y los barrios populares de Guayaquil. Hoy destacan los 63 artículos, cuya finalidad es garantizar la prestación del servicio público de vivienda de interés social a través de la generación y promoción de proyectos y planes habitacionales de iniciativa pública, privada o cooperativa.

¿Qué promueve esta Ley?

La ley promueve la organización cooperativa y el desarrollo de la economía popular
y solidaria en la planificación, oferta y solución de la demanda habitacional. Su aprobación exige al Estado impulsar la asignación, generación y gestión de recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros para el desarrollo de la vivienda de interés social.

Asambleístas de todas las bancadas le dijeron «sí» a la vivienda adecuada y digna para los sectores más empobrecidos del país. «Cuando de derechos sociales de nuestro pueblo se trata, nos unimos y votamos unánimemente», aseguró la asambleísta por Pachakutik.

Otros pronunciamientos, como el del asambleísta Salvador Quishpe se enfocaron en la titularización de las tierras. Planteando disposiciones transitorias para que en el plazo de un año, en coordinación entre el Ministerio de Vivienda y el de Agricultura se proceda a legalizar las tierras en favor de quienes viven por años y no tienen la titularización.

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