Quito, 5 abr (La Calle).- Tras conocerse la aceptación de la medida cautelar que impide al pleno la evaluación al Cosejo de Administración Legislativa (CAL) y la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc para este fin, los legisladores de las distintas bancadas mostraron su rechazo y la catalogaron como «una medida ofuscada por mantener el pacto con el Gobierno».
La primera reacción fue por parte del asambleísta de UNES, Fausto Jarrin, quién se abstuvo de modificar el orden día con la petición de integrar la comisión de evaluación, por la aceptación de las medidas cautelares que solicitó Guadalupe Llori.
Asimismo, Paola Cabezas, de UNES, anunció que irán por la revocatoria de la medida cautelar a favor de Guadalupe Llori y analizarán la opción de presentar la denuncia en el CAL. «Esto es cuestión de tiempo, lo de la medida cautelar es una boya salvavidas, pero esto es cuestión de tiempo, señora Llori, usted no puede seguir ahí», aseguró.
Por su parte el Partido Social Cristiano (PSC) expresó que “la solicitud de medida cautelar (…) no cumple con ninguno de los requisitos establecidos en la sentencia No. 66-15-JC/19 de la Corte Constitucional. En ese sentido, constituye una intento burdo, ilegal e inconstitucional más con la finalidad de no responder ante el Pleno de la Asamblea Nacional e impedir su trabajo.”
Mientras que UNES cuestionó el accionar de Llori al solicitar la medida cautelar y comunicó: “Los ecuatorianos nos preguntamos: ¿para qué quiere quedarse en el cargo de una Institución a la que ella misma demanda? Rechazamos el abuso de su designación para proteger sus intereses personales.”
Asambleístas de Pachakutik escribieron en la red social Twitter, que se trata de una medida desesperada de Llori por mantener el poder.
El asambleísta, Peter Calo, escribió: “Ante una ofuscada ceguera de mantener el pacto con el gobierno neoliberal empieza a utilizar la justicia para encubrirse, demandamos independencia de funciones. El pleno se ve impedido de ejercer sus funciones Constitucionales, nuestra postura de rebeldía sigue firme.”
Por su parte la legisladora de Pachakutik, Patricia Sánchez, expresó que se trata de “clara intromisión de otra Función del Estado en la Función Legislativa.”
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, también expresó que la medida cautelar pedida por Guadalupe Llori es “improcedente” y su aceptación sería una «intromisión» en las atribuciones de la Asamblea.
Por otro lado, el jefe de la Bancada del Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, expresó: “La Bancada del Acuerdo Nacional respalda la institucionalidad de la Asamblea Nacional y no a una persona, siempre hemos sido claros. ¡No nos oponemos a la evaluación del CAL siempre que se respete la Ley, norma y los procedimientos democráticos!»