Quito, 14 abr (La Calle).- El presidente de la República, Guillermo Lasso pidió a la Corte Constitucional (CC) el seguimiento al dictamen del juicio político en su contra. Según el mandatario, varios asambleístas han expresado su intención de incluir otras causales al proceso.
«La gravedad de estos hechos que amenazan el Estado de derecho y que desnaturalizarían la institución del juicio político exigen una intervención vigilante de la Corte Constitucional para que haga cumplir su dictamen», expresó en un oficio dirigido a la CC remitido el 14 de abril.
Además, resaltó los puntos resueltos por el dictamen de la Corte Constitucional en donde se inadmitieron dos cargos referentes al delito de concusión, enmarcados en la solicitud de juicio político interpuesto por la asambleísta Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (PK-r), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID).
El jefe de Estado también recalcó que el dictamen dispuso que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de hechos, inferencias y pruebas relacionadas a las causales de concusión que no fueron aprobadas.
Pruebas a conveniencia
El 10 de abril, el abogado del Presidente, Edgar Neira solicitó a la Comisión de Fiscalización que la documentación requerida no sea solo desde el 2021 sino desde el 2018 para evitar confusiones en los pedidos de pruebas.
La defensa del mandatario aclaró que el escrito presentado de su parte no busca obstaculizar el proceso del juicio político pues solo serían observaciones para evitar confusiones. Por otro lado, resaltó que el ejercicio de defensa corre desde el 7 hasta el 16 de abril, en este período podrá entregar las pruebas de descargo.
El juicio en la Asamblea
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que la próximo sesión para el tratamiento del juicio político será el 18 de abril y se prevé socializar el cronograma de comparecencias.
El 12 de abril, las asambleístas solicitantes del juicio político Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r) entregaron a la Comisión de Fiscalización las 958 fojas que probarían la responsabilidad política del presidente en el presunto delito de peculado. Además, solicitaron 11 pruebas documentales y 12 testimoniales. (A.G.M).
