Quito, 28 mar (La Calle).- El Partido Socialcristiano (PSC), a través de un comunicado, aseguró que la muerte cruzada no tiene cabida en la crisis política que atraviesa Ecuador.
Mencionó que si el presidente Lasso decide activarla luego de la decisión de la Corte Constitucional (CC) sería un mecanismo «inconstitucional y carecería de efecto jurídico».
Según el PSC, si Lasso se va por esta vía estaría incumpliendo los artículos 148 y 424 de la Constitución.
«Los doctores Nuques, Corral y Herrería no responden al PSC. El partido no presenta dobles juegos, es siempre frontal y coherente», reza el comunicado.
El artículo 148 señala que el presidente tendrá la opción de disolver la Asamblea, siempre y cuando:
- Se hayan tomado funciones que no le competen constitucionalmente;
- obstruyan de manera reiterada en el Plan Nacional de Desarrollo; y,
- grave crisis o conmoción social
Se tiran la pelota
La muerte cruzada es una opción que la analizan tanto la Asamblea como el Ejecutivo para disolver uno de los dos poderes.
Desde el 2022, el régimen amenaza con activar la muerte cruzada por la fiscalización de la Asamblea Nacional ante el incumplimiento del Plan de Gobierno de Lasso.
Sin embargo, el Ministerio de Gobierno enfatizó que esa no es una causal de destitución. En cambio, la obstrucción a que este se ejecute sí puede terminar en la disolución del Legislativo.
Se le viene el movimiento indígena
En la última reunión ampliada de la Conaie, los dirigentes resolvieron iniciar un paro nacional si el mandatario disolvía algún poder del Estado.
La relación entre Lasso y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, tampoco es alentadora, pues tras el paro de 2022 y las fallidas mesas de diálogos las pugnas entre los poderes crecieron.
El papel de la Corte Constitucional
La Corte tuvo un primer debate el 27 de marzo en el que discutió el proyecto de dictamen que entregó la jueza Teresa Nuques. El documento no alcanzó los votos necesarios y los magistrados resortearon y eligieron a Richard Ortiz como el nuevo sustanciador.
El Pleno de la Corte Constitucional tiene hasta el 30 de marzo para entregar un dictamen final. (N.J.C)
