Quito, 22 feb (La Calle). – El presidente Guillermo Lasso firmó un Decreto Ejecutivo para otorgar indultos a Personas Privadas de Libertad (PPL) con sentencias condenatorias por robo, hurto, estafa o abuso de confianza.
Según explicaron las autoridades esta medida es para reducir el hacinamiento carcelario y agilizar los procesos que demoran por la burocracia y la corrupción.
Para acceder al indulto las PPL deben cumplir el 40% de la pena privativa de libertad impuesta bajo el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Y del 60% cuando se trata de personas sentenciadas bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Otras de las condiciones es que la persona no mantenga otras sentencias condenatorias y medidas cautelares vigentes en su contra. Así también, que no tenga un proceso penal de investigación previa y que no haya sido sancionado de forma disciplinaria por la Comisión de Faltas.
Otra de las medidas que anunció el Gobierno de Lasso es la repatriación de privados de libertad en el extranjero.
Jan Jarab, representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que, en los últimos años, se ha hecho un sobreúso de la prisión preventiva, lo que incrementa la población carcelaria.
Además, dijo que los centros de rehabilitación enfrentan condiciones precarias, hacinamiento y los PPL viven en condiciones de violencia.
En la actualidad, los centros de privación de libertad albergan alrededor de 34.821 internos, según cifras oficiales. No obstante, la capacidad máxima de las instalaciones es de 30.169 plazas.
Política Pública para el Sistema de Rehabilitación Social.
En el mismo evento, el Ejecutivo también presentó la política pública para el sistema de rehabilitación social. Entre los ejes que anunció el Gobierno constan proyectos de educación para los privados de libertad y la creación de carreras técnicas.
Además, se habló de convenios de trabajo con empresas para que estas brinden empleo a los reclusos; así como de programas de desintoxicación y atención especial para jóvenes infractores.
Otros de los puntos son mejorar la infraestructura y tecnología de las instalaciones, la capacitación de guías penitenciarios, crear un observatorio de acciones y el censo penitenciario para conocer la situación jurídica, de salud, educativa y de peligrosidad y clasificación de los reclusos.
Según el Ejecutivo, esta política no sólo servirá para los internos en los centros de reclusión, sino para toda la sociedad.
Las autoridades dijeron que alrededor de 21.700 PPL no han terminado sus estudios y que más de 7.000 siguen educándose.
