Quito, 09 jun (La Calle).- El Gobierno del presidente Guillermo Lasso habría privatizado las islas Galápagos tras el acuerdo que hizo con el banco suizo Credite Suisse para »proteger» las islas Galápagos y apaciguar la deuda externa.
En mayo del 2023, la entidad financiera extranjera realizó el trato a través de la empresa inversora Climate Fund Managers (CFM). La estrategia presentada al Ejecutivo consistía en el canje de un porcentaje del pago de los intereses de la deuda externa, alrededor de USD 1.628 millones, por bonos azules de USD 656 millones.
La soberanía de Galápagos
Después de este acuerdo, el Estado se ahorraría USD 1.126 millones y tendría que destinar más de USD 300 millones en un fideicomiso de »Galápagos Life Fund» (GLF), una corporación constituida en Estados Unidos.
El GLF está conformado por 11 miembros responsables de la gestión de fondos, en este directorio solo se encuentran cinco representantes ecuatorianos. Los otros seis miembros son de empresas internacionales y también se encuentran las ONG’s Pew Bertarelli Ocean Legacy Project y Oceans Finance Company.
¿Y la privatización?
Dicho fideicomiso operará en el archipiélago hasta el 2041. Según el economista Pablo Dávalos, esta negociación implicaría que GLF defina las políticas públicas, sobretodo de inversión, en Galápagos. Por ende, ellos se encargarían de la administración de las actividades comerciales como la pesca y el turismo.
Ahora el Gobierno ecuatoriano solo tiene cinco de once miembros en el directorio del GLF, es decir, un voto nulo en las decisiones. Además dijo que uno de los problemas es que no hay supervisión en el manejo del fideicomiso ya que si vigila a si mismo.
»Prácticamente es una privatización, es una entrega de soberanía y está prohibido por la Constitución y por todos los instrumentos internacionales.» (A.G.M)