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Lasso envía nuevo decreto para aplicar impuestos a botellas plásticas

Quito, 18 ago (La Calle).- El presidente de la República Guillermo Lasso enviará a la Corte Constitucional un nuevo decreto-ley económico urgente para la creación de un impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables.

El 18 de agosto el mandatario anunció el quinto proyecto de ley que enviará a la CC. Entre varios decretos con más desaciertos que aciertos, el jefe de Estado busca ayudar a más de 25 mil recicladores.

La iniciativa tendrá que pasar por el filtro de la Corte, quien determinará si existe urgencia económica en los argumentos expuestos para la emisión del decreto. La urgencia del proyecto se basa en garantizar la economía familiar a los recicladores y gestores ambientales con ingresos justos.

”Les prometí que nuestro gobierno lograría visibilizar y valorar la labor de miles de recicladores, mejorar su economía con ingresos justos”, dijo el mandatario.

¿Cuál es la propuesta?

El Decreto detalla que por cada botella plástica PET no retornable se aplicará la tarifa de USD 0.02. Este valor se devolverá en su totalidad, únicamente, a quien sea considerado reciclador, transformador, conforme lo disponga la debida certificación.

Por otro lado, estará exento del pago de este impuesto el embotellamiento o importación bajo el régimen de consumo de productos lácteos y medicamentos en botellas de plástico PET no retornables.

Promesas y promesas

”Hoy, firmé el Decreto de Urgencia Económica, correspondiente a la Ley de Creación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables, rodeado de mis amigas Elvia y Juanita, representantes de más de 20.000 recicladores a quienes conozco desde mi campaña electoral”, resaltó el mandatario.

Esta decreto constituye una de las antiguas promesas del mandatario a los recicladores. A vísperas de dejar el poder intentará enviar una ley en beneficio de este sector sin la certeza de recibir un visto bueno.

El requisito ”carácter económico urgente” se convirtió en el obstáculo para que los decretos del Gobierno no sean aprobados. Según la CC los proyectos carecen de argumentos sólidos para justificar su urgencia. (A.G.M).

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