Quito, 8 nov (La Calle). – A menos de un mes de salir del poder, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo 906 en el que dispone que el Estado ecuatoriano proporcione protección y seguridad dentro y fuera del país a los expresidentes, exvicepresidentes y a sus cónyuges.
El decreto establece que la seguridad sea brindada por un periodo de dos años para los expresidentes y de un año para los exvicepresidentes. El tiempo será contado a partir de la finalización del mandato. Sin embargo, aclara que los plazos podrán alargarse con base en informes de riesgo elaborados por la Casa Militar Presidencial, de ser necesario el caso.
El documento entró en vigencia el martes 7 de noviembre de 2023 y ya fue notificado a los ministerios de Defensa y del Interior, así como a la Casa Militar Presidencial. La nueva disposición amplía los beneficios que había cambiado para «optimizar el gasto público» en 2021.
Se prevé que Lasso deje Carondelet entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre del año en curso, lo que significa que él, su esposa María Lourdes Alcívar, el vicepresidente Alfredo Borrero y su cónyuge tendrán seguridad a costas del erario público hasta 2026.
Amplía beneficios
El 31 de agosto de 2021, Lasso emitió el decreto ejecutivo 179 en el que reformaba la seguridad de los exmandatarios. En ese entonces, había dispuesto que la seguridad sea solo para los expresidentes y exvicepresidentes dentro del Ecuador y solo por un año y seis meses, respectivamente.
La decisión la tomó con el objetivo de «optimizar y garantizar el buen uso de los recursos del Estado». Según él, era necesaria la reforma al decreto expedido por el expresidente Rafael Correa en 2010 y reformulado en 2013.
Además, el primer cambio de Lasso en 2021 fue que no se proporcione seguridad ni a los familiares del presidente ni vicepresidente, así como tampoco a los cónyuges o familiares de expresidentes y exvicepresidente.
