Quito, 27 dic (La Calle).- El presidente Guillermo Lasso vetó totalmente la ley aprobada por la Asamblea para derogar el Decreto-Ley Orgánico para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia por Covid-19. Según el mandatario, consideró la decisión como “inconstitucionalidad e inconveniente”.
Lasso afirmó que la resolución del Legislativo no tiene validez porque el Gobierno no fue quien impartió este decreto. Según Lasso, este proyecto es la recopilación de proyectos-ley propuestos por otros asambleístas.
Además, remarcó que él como Jefe de Estado es el responsable de la administración pública, por lo que “guste o no la Constitución ha asignado la responsabilidad sobre la planificación de las finanzas públicas y su administración al Ejecutivo, dotándolo de herramientas y competencias muy amplias al respecto”, reza el documento.
De la misma manera, se justificó aludiendo que el Decreto-Ley se estableció de manera constitucional, pues al no haber un pronunciamiento por parte de la Asamblea en el límite de 30 días era responsabilidad del Ejecutivo aprobar el decreto.
“El Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó, ni modificó ni negó el Proyecto de Ley dentro del plazo fatal de 30 días, mismo que fenecía el 27 de noviembre de 2021 y, por consiguiente, el presidente de la República debía promulgarlo como decreto-ley y ordenar su publicación en el Registro Oficial”, detalla el oficio.
La vigencia de este decreto afecta con una mayor tributación de impuestos a los sectores de la clase media.
Objeción por inconveniencia
El presidente enfatizó que esta derogatoria afectaría al principio de sostenibilidad fiscal, por lo que tachó de irresponsable la decisión del Pleno. “Es irresponsable, cuando, por un lado, la Asamblea, demanda mayores recursos e inversión pública, pero por otro lado elimina los ingresos del Estado”, menciona el documento.
También reiteró que derogar una ley que permite una recaudación estimada de 946,32 millones de dólares anuales incumple con el mandato de conducirse de forma responsable los recursos económicos.
Para el Ejecutivo, esta recaudación se destinaría para educación salud, y demás prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, su proforma de 2023 entrará en vigencia con recortes presupuestarios a los sectores sociales.
Finalmente, detalló que su gobierno asumió la economía nacional con un déficit fiscal superior a los USD 7.000 millones obligándolo a tomar medidas para reducir el déficit.
“Mediante una administración prudente se ha logrado reducir dicho déficit a menos de 2.000 millones, además reperfilando y reprogramando la deuda externa con tasas más bajas y plazos más amigables”, menciona el informe.
Más deuda con el FMI
El 14 de diciembre Lasso anunció que adquirió un préstamo de USD 700 millones. Según economistas consultados por diario Expreso, los préstamos del FMI han «ayudado» a mejorar las cuentas fiscales del Ecuador. Sin embargo, reconocen que no ha habido crecimiento económico suficiente para generar plazas de empleo.
También concuerdan con que la reactivación económica anunciada por Lasso es solo cuento. Hasta el día de hoy, el país reactivarse a nivel prepandemia. Es el único en la región que no ha logrado levantar sus índices económicos. (N.J.C)
