Por: Alexis Ponce
Quito, 06 jul.- La Agrupación de pacientes en riesgo y familias vulnerables, al país y la comunidad internacional de Discapacidades y DDHH les expresamos:
Nuestra organización aglutina centenares de pacientes en riesgo y familias vulnerables en el Ecuador y la cuarta frontera (migrantes en el exterior) que vivimos con cánceres y otras enfermedades catastróficas, discapacitantes y degenerativas, discapacidades severas, Parálisis Cerebral, Parkinson, Alzheimer, Artritis Reumatoidea, Epilepsias Refractarias, Síndromes de Tourette, Asperger, Angelman, Autismo y Dolores Crónicos.
Para nosotros las discapacidades y enfermedades catastróficas son sagradas. Por eso es que no vamos a olvidar ni perdonar la corrupción estatal cometida en su nombre, en el nuevo y masivo caso perpetrado en beneficio de políticos, legisladores, jueces y altos funcionarios del Estado en Ecuador en plena pandemia, cuando hay una innegable crisis sanitaria y colapso de hospitales y servicios de cremación, mientras se contagian o fallecen miles de personas, muchas de las cuales hacen parte de nuestra Agrupación, que murieron antes y durante la pandemia al ser pacientes en riesgo.
Nuestras hijas, esposas, abuelos, madres, padres, tías, sobrinas o nietos, viven con varios tipos de discapacidad, y algunos, con el derecho humano y legal que les asiste, cuentan con su carné de discapacidad que consiguieron tras larga espera y esfuerzo ante la desidia estatal durante décadas. Así mismo, de forma arbitraria y negligente, a numerosos ciudadanos con discapacidad, se les ha quitado el carnet durante estos últimos años a pretexto de la ‘renovación’ impulsada por el CONADIS y MSP, o se les ha negado la emisión del carnet, lo que los ha llevado a enfrentar un sinnúmero de violaciones a sus derechos humanos al igual que múltiples discriminaciones que impiden que puedan acceder a servicios públicos y actividades en igualdad de condiciones como lo hace el resto de la ciudadanía.
Según el CONADIS en Ecuador vivimos 485.325 personas con diferentes tipos de discapacidades. Desde el MSP se informó que al menos 2.281 carnés de discapacidad se emitieron de manera ilegal durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, algo que debiera llamar la atención e intervención de la comunidad internacional de DDHH y discapacidades, no sólo al Ecuador y sus familias con discapacidad. De acuerdo al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, el 2019 fue el año donde más vehículos se importaron con exoneraciones tributarias en estos últimos 10 años.
Es dramática la situación pues personas que sí tenemos discapacidades hemos debido vivir un calvario para obtener nuestro carnet; desde enfrentarnos a un sistema burocrático impasible, obtener una cita en hospitales o centros de salud asignados por el MSP que puede tardar meses o no llegar nunca, hasta lidiar con funcionarios públicos que lo único que hacen es entorpecer más el proceso y, en el camino, vulnerar derechos. Nuestro objetivo de acceder a esos derechos busca equiparar nuestra calidad de vida con la de las personas que no tienen ninguna discapacidad. Y lamentablemente, en muchos casos, nos han negado porque nuestra discapacidad no es ‘visible’ o, peor aún, nos han recalificado nuestra discapacidad sin ningún parámetro o justificación médica que lo sustente; o incluso, nos han reducido la calificación en la discapacidad irreversible, como si ésta no fuera de por vida o variable.
No se atrevan ahora a exponernos para saldar su negligencia como gobierno y casta política. Y advertimos que no permitiremos que el Estado, por lavar su consciencia y supuestamente ‘corregir el error’, nos expongan nuevamente a las niñas, niños y adultos con discapacidad, a pasar el calvario del proceso burocrático para ejercer nuestros derechos humanos constitucionalmente establecidos.
Por ellos y todos los que padecemos una discapacidad o enfermedad catastrófica,
EXIGIMOS:
Reconocer la diversidad y respetar los derechos humanos de todas las personas que viven con discapacidad y enfermedades catastróficas, degenerativas y discapacitantes.
Sancionar con el rigor de la ley y hacer visible ante el país a todos los individuos: políticos, legisladores, jueces, deportistas, gente de farándula y altas autoridades que fraudulentamente accedieron al carné de discapacidad y a toda la red de funcionarios públicos que emitieron estos y que ordenaron tales delitos.
Llamar la atención del país acerca de la masividad de estereotipos, términos discriminatorios, exclusión, burlas y uso peyorativo del lenguaje sobre la discapacidad, como sucedió con una periodista que hace poco usó el término autista como insulto. Tras el caso de corrupción; abogados, periodistas y cómicos al insultar o burlarse de los políticos, han degradado el lenguaje y a las personas al referirse a las discapacidades.
Transparentar el proceso de emisión de carnéts de discapacidad y en caso de que se haga una adecuación a la ley o al “Reglamento para la calificación, recalificación y acreditación de personas con discapacidad” se realice bajo estándares internacionales de discapacidad y derechos, con el monitoreo de la CIDH y ONU para impedir una nueva viveza criolla y permitir que más personas que realmente viven con discapacidad y enfermedad catastrófica, puedan ser incluidas y no excluidas como se ha visto hasta este momento, porque queda bajo la discreción del funcionario burocrático de turno el sí o el no y el porcentaje.
Examinar y vigilar con la participación de la CIDH, ONU y la Defensoría del Pueblo, el proceso de calificación y recalificación para la emisión de carnés de discapacidad, para que prime la evidencia y conocimiento médico y no la discrecionalidad y corrupción.
Respetar las disposiciones de la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites (2018) que establece en su Art. 10 la “Recalificación”: ‘Toda persona tiene derecho a la recalificación de su discapacidad, previa solicitud fundamentada. Se prohíbe exigir la recalificación de la discapacidad. Esa disposición será aplicable incluso para las personas que actualmente cuenten con el documento contentivo de la calificación de la discapacidad’.
Transparentar los carnets y porcentajes de discapacidad otorgados por el CONADIS y el MSP otorgados a todo alto funcionario público, entre ellos al Sr. Presidente de la República y al Director del CONADIS.
Por las familias y pacientes con discapacidades y enfermedades catastróficas estaremos vigilantes para que nuestros derechos no sean vulnerados una vez más:
Alexis Ponce
Freddy Lituma
Wilson Gonzaga
Ximena Sánchez
Toa Quirola
Carla Díaz
Heidy Molina
Nelly Valbuena
Teresita Iñiguez
Jubliana Lavanda (Loja)
José Torres
Antonieta Terán
Tania Quinteros
Jessica Marquez (Esmeraldas)
Sonia Sandoval
Aracelis Chela Gil
Ivanova Nieto
René Clavijo
Passy Cevallos
Sophia Basantes
Carla Palacios
Christian Viteri
Magdalena Barrera
Marina Muñoz
Edelina Álvarez
Lorena Naranjo (Ambato)
Wilson Gonzaga (Loja)
Cesar Romeo Delgado (Cuenca)
Paulina Acosta
Mónica Gordillo
David Coli
Ana Egas
Rene Santillan (Riobamba)
Mayra Flores
Jenny Castelo
Rigoberto Navas
Irina Guerrón
Mónica Odeñana (Guayaquil)
Natalia Chavez
Gladys Moreno
Victoria Egas
Pacífica Velasco
María Belén Ashqui
Isabel Ashqui
Ana Lucía Tapia
Virginia Villamar
Diego Grijalva
Carlos Samaniego
Nancy Vanegas (Cuenca)
Lilia Jaramillo
Beatriz Yerovi
Karen Fernández Rezabala
Rosario Yépez
Publio Carrión (Loja)
Heidy Salgado
Rafael Miño
Carlos Moreno
Xiomara Astrid Castrillón
Nicolás Dawson
Patricia Zambrano
Paulina Gallardo
Cecilia Pástor
Amparito Díaz
César Vargas
Yercelis Vargas
Carlos Salazar
Ma. Dolores Criollo
Mery de Luna
Juan Tenelema
