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Quito, 07 jun (La Calle). – Un ciudadano que presenta un grave problema cardíaco no ha sido atendido en el hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), por lo que su vida peligra. El hospital tiene 10 días para cumplir una acción de protección a favor del señor y realizarle la operación. Así informa Darío Ferrín, presidente de la ONG que acompaña este caso.
Atendemos el caso de un chico de 21 años, cuyo padre tiene un problema importante a nivel cardíaco. Él recibió atención en el Hospital San Francisco en abril del 2021 por un infarto. En octubre de ese mismo año fue derivado al Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), pese a que sus médicos determinaron que requiere una cirugía emergente, no le operan”, explicó a Radio La Calle.
La negligencia del hospital del IESS ha puesto en peligro la vida del ciudadano. “Nosotros iniciamos acciones legales. Una acción de protección al IESS y al HCAM por vulneración del derecho a la salud y se dispuso judicialmente que en el término de 10 días operen al señor, pero todavía no ocurre”.
A pesar de que se han realizado las acciones legales, el experto explica que esto no garantiza que, en el caso de complicaciones en su salud, el ciudadano se mantenga con vida mientras se cumple el plazo que dictaminó el juzgado.
El camino legal
La acción presentada a la justicia por el paciente fue aceptada por un juez de Sangolquí. “Se acepta la presente acción de protección parcialmente presentada, declarándose la vulneración al derecho a la salud, por cuanto requiere atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna por parte del Instituto de Seguridad Social (IESS)”, dice el documento.
La operación que el HCAM debe efectuar en el plazo de 10 días es por cardiomiopatía isquémica. “La audiencia de esta acción de protección fue hace no menos de dos semanas. Pese a tener conocimiento del tema, el hospital todavía no agenda la operación del paciente. Como el HCAM no tiene personería jurídica, la acción fue contra el presidente del directorio del IESS, Francisco Cepeda, quien renunció el 6 de junio”. Al no existir personería jurídica, la gerente del hospital no se hace cargo de las denuncias a esa institución de salud.
El BIESS primero
A esta falta de legalidad se suma el nulo pronunciamiento de las autoridades. “Poco les importa. Es de conocimiento público que no hay insumos y medicamentos, pero también es de conocimiento público que el BIESS tiene USD 750 millones en créditos hipotecarios”. USD 250 millones ya se han destinado, así lo informó Iván Tobar en una entrevista con Sonorama.
Este uso indiscriminado de los recursos del IESS atenta a la Constitución. “Los recursos que tienen quieren colocarlos en hipotecas, incumpliendo la Constitución. Deben cumplir la contingencia, es decir, jubilación, cesantía y atención en salud”. Los excedentes, de acuerdo con Ferrín, deben ir al BIESS que está lleno de dinero y los hospitales no tienen nada”.
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Una lista de espera
La acción penal empezó a correr desde el 6 de junio y finalizaría el 15 de junio. Si no se cumple la operación, iniciarán accionales penales contra Cepeda como representante del directorio y la gerente del HCAM. “Dentro del proceso consta un listado de 80 personas que tienen una situación similar a la del señor”. Otra solución sería derivar a los hospitales privados, pero al no recibir el pago por parte del IESS, no aceptan esta posibilidad. “Tienen recursos y no los utilizan ¿cuál es la razón? ¿indolencia o no saber administrar la cosa pública? Creo que las dos”, se pregunta el jurista.
Ferrín expresa que una solución es declarar emergencia en los hospitales del IESS para que se puedan comprar insumos y medicinas de manera directa. “No tienen la capacidad administrativa ni de ejecución. No saben cómo y lo más grave es que la doctora gerente, con todo respeto, no es la representante legal. Con la renuncia de Cepeda queda un vacío. Incluso si van presos por las acciones negligencias ¿quién les devuelve la vida a los ciudadanos?”. MIB
