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La vida de las personas privadas de Libertad es responsabilidad del Estado

Quito, 27 ene (La Calle). –  Ayer, la Alianza contra las Prisiones se volvió a pronunciar contra la normalización de las muertes de las personas privadas de libertad (PPL) en los centros de reclusión del país y enfatizan que “la vida de las personas privadas de Libertad es responsabilidad del Estado”.

En la descripción de este comunicado vía Twitter también invitan a la sociedad civil a condolerse de las vidas cegadas en la cárcel de Santo Domingo y Turi, “de las que el Estado no se ha manifestado”.

Según lo expresado por la organización, «la banalización de la muerte de los prisioneros (…) debe ser entendida como una supresión violenta de la dignidad de miles de personas (…) No vemos que cada asesinato es una vida».

La organización menciona en su manifiesto que se solidariza con las familias de las personas asesinadas bajo custodia estatal y que seguirán con su demanda social por los derechos de los reclusos y que se reconozcan estos asesinatos como pérdidas de vidas humanas.

Igualmente, esta organización indica que la ayuda psicológica brindada por la Secretaría de Derechos es ineficiente, ya que no existe un acompañamiento integral a las víctimas, como tampoco se han puesto en marcha mecanismos efectivos de reparación.

En este escenario, la organización exhorta al Estado a «suprimir y superar prácticas que vulneran la dignidad humana y los derechos fundamentales, dentro de un discurso que minimiza el sufrimiento, miedo e incertidumbre de las personas privadas de la libertad.

Igualmente, se hace hincapié en que el Estado debe proteger y garantizar sus derechos, refiriéndose a las PPL y que se publiquen los nombres de las personas asesinadas.

Asimismo, también insta a la sociedad a «reconocer la humanidad de las personas privadas de libertad, sus nombres y sus vínculos».

Por otro lado, la organización “Mujeres de Frente” apoya lo planteado por la alianza y considera también que, «de manera deliberada, el Estado ha normalizado la muerte de las personas privadas de libertad al encubrir sus nombres, vínculos familiares, comunidades de vida y pueblos de origen. En fin, todo dato que permita reconocer y valorar su humanidad».

Contexto

El pasado 14 de enero de 2022, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad de Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) informó sobre PPL encontradas sin vida.

Tres de ellas en el centro de privación de libertad de Santo Domingo y una en el centro de privación de libertad de Turi.

Según el comunicado de esta entidad, no se registraron signos de violencia e iniciaron las investigaciones con Fiscalía.

La Alianza señala que alrededor de 327 personas fueron masacradas en las cárceles durante los enfrentamientos en 2021, sin contar con otras muertes violentas.

Y discurren en la existencia de un subregistro de las muertes, es decir, que las cifras que publica el Estado son menores a las realmente ocurridas.

Esto responde a que, según el comunicado, es de conocimiento de esta organización, al tener comunicación con internos del pabellón masculino de Turín, que no sería una sino dos muertes.

La primera el miércoles 12 de enero, por estrangulación, presunto homicidio. Y la otra, el 14 de enero, por ahorcamiento con la hipótesis de suicidio.

Cárceles en el Ecuador

El sistema carcelario actual está compuesto por 53 cárceles que cuentan en total con la capacidad para albergar a unas 30.000 personas.

Sin embargo, presentan una población penitenciaria alrededor de 39.000 personas, según el portal de la revista de reflexión Nueva Sociedad (NUSO), es decir, acogen a casi 10.000 personas más.

En mayo de 2021, Guillermo Lasso asumió la presidencia del Ecuador, y durante sus primeros meses en el cargo, se suscitaron varios enfrentamientos y masacres en los centros de reclusión del país.

Sin embargo, el jefe de Estado «adoptó un discurso que responsabiliza directamente a las bandas de narcotraficantes por la violencia carcelaria, desconociendo la falta de control (…) así como la responsabilidad del Estado sobre esa situación», señaló el portal académico NUSO.

En estas últimas semanas, para el supuesto control de la inseguridad y de la crisis carcelaria, el Gobierno liderado por Lasso ha propuesto una serie de reformas «y la adopción de un amplio conjunto de medidas.

Según NUSO, «ninguna de ellas apunta a cambiar las condiciones estructurales de las prisiones», como tampoco a mejorar las condiciones en las que se desarrolla la vida de los ecuatorianos.

Por otro lado, el Ministerio de Finanzas asignó un mayor presupuesto, y se prevén recursos alrededor USD 124.4 millones, recogió diario El Comercio.

No obstante, solo el 24% de esta asignación presupuestaria está destinada para las PPL.

El otro el 76% está destinado al pago de salarios de miembros del SNAI y guías penitenciarios.

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