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La situación del Alcalde de Quito es un avispero legal de alto nivel

Quito, 16 de feb.– La situación legal del alcalde de Quito se complicó de forma exponencial. Hoy la Fiscalía del Ecuador recomendó la prisión preventiva  tanto él como seis sospechosos de la compra de pruebas de COVID-19 para Quito.

Poco después, se conoció que la Corte Provincial de Pichincha, dictó medidas substitutivas, como son: presentación periódica, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país.

Sin embargo, un jurista como Juan Pablo Albán, aseguró que tal medida no se ha dado.

De otro lado,  la Comisión Nacional Anticorrupción solicitó que el alcalde de  Quito, Jorge Yunda encargue  sus funciones, hasta que se aclare su participación en la adquisición de pruebas de COVID-19.

La Fiscalía acusa a varias personas dentro de la instrucción fiscal por el delito de peculado que habría ocurrido en el proceso de compra de pruebas PCR para el diagnóstico de COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

Las personas  involucradas son: Ximena Abarca, actual secretaria de Salud del Municipio de Quito; la coordinadora técnica Linda G., Daisy H., Paola C., Erik A., Marco R. y a Juan Alejandro V., como representante legal de la empresa Salum.

Tanto Linda Guamán como Ximena Abarca han recibido el apoyo de la comunidad de mujeres científicas del Ecuador.

La Fiscalía señaló que ha encontrado elementos de convicción suficientes sobre la posible responsabilidad del alcalde de Quito, Jorge Yunda, dentro de los hechos ilegales que se investigan.

Al parecer, los elementos que se habrían encontrado en la investigación estarían mensajes en teléfonos celulares entre Ximena Abarca y el alcalde Yunda, en los que, entre otros temas, se trataba de situaciones “referentes a la adquisición de reactivos para determinación de COVID-19 por PCR”.

Investigaciones desde enero

En enero pasado, agentes de la Fiscalía de Pichincha allanaron varias oficinas de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, debido a que habían conocido, de manera reservada, que funcionarios públicos de esa instancia municipal habrían ocultado documentación con información técnica relevante sobre irregularidades en la adquisición de pruebas para COVID-19.

Horas antes de la audiencia Yunda sostuvo que si va preso se irá con la frente en alto.

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