Quito, 09 sep (La Calle).- Según las observaciones del Relator de la ONU, Diego García-Sayán, la sentencia en el caso “Sobornos” tiene inconsistencias relacionadas con la independencia judicial.
A criterio del especialista, existieron violaciones al debido proceso, como utilizar un tipo penal indeterminado, al invocarse solo la Constitución Política, por parte de la Fiscalía.
En un informe de julio del 2021, García-Sayán sostiene que el proceso se realizó dentro del marco de la reforma institucional, determinada en el referendo del 2018, que creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).
Afirma que, entre otras cosas, esta entidad modificó la forma de evaluar, nombrar y sustituir jueces, con injerencia del poder Ejecutivo.
“En abril de 2018, el Consejo inició el procedimiento para la evaluación del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura estaba desarrollando una examinación competitiva, en base al mérito, para nombrar las vacantes en la rama judicial. Al iniciar el proceso de evaluación, el Consejo Transitorio ordenó que dicho concurso fuera suspendido, lo cual sería una señal del rompimiento de la división de poderes y la interferencia en la justicia”, señala el informe.
Asimismo, indica que, en la información referente al proceso en contra de los empresarios Phillips Cooper y Fontana Zamora, también investigados en el caso “Sobornos”, se alegan hechos violatorios vinculados a la falta de independencia judicial y de imparcialidad de los jueces y otros operadores de justicia.
En las violaciones en este proceso específico, así como en el contexto general de las reformas judiciales realizadas a partir del Referendo del 2018, estaría incluida la Fiscalía General.
La conclusión del Relator es que se trataría de un caso de persecución política, dada la indebida utilización del aparato de administración de justicia. El objetivo habría sido impedir la participación de Rafael Correa, en las elecciones del 2021.
