Por: Jackie Herrera
¿Abuso de poder o poder en abuso? No cabe duda de que el presidente Daniel Noboa, cada vez que puede (porque ha demostrado que puede), hace conocer sobre los alcances que tiene el Ejecutivo sobre los tentáculos de los otros poderes, pasando por encima de lo que la misma Constitución dicta para un Estado de Derecho. Esta vez la periodista de nacionalidad cubana, Alondra Santiago Rodríguez, fue alcanzada por otro argumento carente de validez jurídica y la racionalidad que últimamente determinan acciones, hasta penales, sobre algunos ciudadanos. En horas de la mañana de este martes 25 de junio, la periodista dio a conocer en sus redes sociales la notificación de revocatoria a su visa remitida por la Cancillería ecuatoriana. Varias han sido las reacciones que profundizan aún más la politización de un tema, o situación, que le incomoda al gobierno del “Nuevo Ecuador”.
La Resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana determinó que Santiago “ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado”, luego de que el 12 de junio de 2024 la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la entidad emitiera un criterio en favor de un proyecto de Revocatoria de Visa de Residencia Permanente; solicitud de la que se desconoce procedencia y argumentos legales ante la luz pública. Lo cierto es que, una vez más, el presiente Noboa ha usado los poderes del Estado para sacar del camino a quienes le incomodan o, como lo ha dicho en otras ocasiones, van en contra de su línea de gobierno.
El concepto de inseguridad, para el primer mandatario, parece no estar del todo claro o puede estar claro que es la pieza comunicacional clave en su estrategia de crear enemigos internos que marquen la agenda política y mediática en el país. Asimismo, las seguridades jurídicas, la soberanía y las garantías constitucionales tampoco están bien definidas para su neonato gabinete que más que hacer política pública está bastante ocupado en saciar los caprichos presidenciales y mantenerse en el poder, algo que parece no haber cumplido su exministra de Energía, Andrea Arrobo.
Si bien la banda presidencial tiene inscrito el lema “Mi Poder en la Constitución”, no significa que el primer mandatario pueda, éticamente, usar deliberada e interpretativamente lo que dicta la Carta Magna en un Estado de Derecho para atropellar derechos. Y es que, hoy, el tema sobre Alondra Santiago va más allá del supuesto irrespeto al Himno Nacional, incluso, más allá de la libertad de expresión. Pues, paradójicamente, a Santiago no se le acusa de hacer periodismo, se le acusa de “activismo” en favor de la línea ideológica contraria a su corto gobierno. Situación que la opinión pública no ha dejado de comparar con los casos de su vicepresidenta Verónica Abad y de su exesposa Gabriela Goldbaum.
Sin embargo, y para sorpresa de pocos, lejos de que esto pueda ser una clara violencia de género, para su trasnochado electorado, atentar a la democracia ya no es la falta de cumplimiento a un plan de gobierno ni la escaza gestión estatal o la insistencia renuente de implementar políticas neoliberales, sino que una periodista hable o que una ministra desobedezca, una vicepresidenta se defienda y que una madre proteja a su hija. Lo peor, para una sociedad fragmentada, es que este tipo de vulneraciones son legitimadas por ciertos actores que hacen catarsis de su odio, discriminación y polarización ideológica a través de acciones que rebasan la delgada línea entre gobernar y abusar del efímero poder.
