Quito, 21 ene ( La Calle).- A través de un comunicado, la Revolución Ciudadana y la bancada de UNES sostuvieron que respaldan el trabajo de la fuerza pública “que en medio de la falta de recursos necesarios para garantizar la seguridad ciudadana, debe salir a las calles a arriesgar su vida ante la indiferencia de un gobierno incapaz de tomar decisiones para sacar adelante el país”.
El movimiento político dijo que apoya la posibilidad de un indulto al cabo Santiago Olmedo, siempre y cuando haya actuado en defensa de terceros y de sí mismo.
“Desde 2018, bajo pretexto de reducción del Estado, inició el desmantelamiento de las instituciones a cargo de la seguridad. Se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio del Interior se convirtió en un espacio de reparto político con graves denuncias de corrupción. Así también, se eliminó el Ministerio de Justicia, dejando el Sistema de Rehabilitación Social a la deriva sin presupuesto ni recursos humano y tecnológico calíficados. Se destruyeron las capacidades de Inteligencia Estratégica de Estado y se pasó nuevamente a una competencia sin sentido entre inteligencia militar y policial con alta influencia de intereses extranjeros”, argumenta el comunicado. También enfatiza en que este desmantelamiento ocasionó que el 2021 fuera el más violento de los últimos diez años. “Un aumento de los homicidios en más del 186.4% en comparación a 2017. Esto quiere decir que, durante el último año, existieron cerca de siete homicidios cada día en el país. La confianza en la institución policial cayó del 53% en 2017 -la segunda policía mejor evaluada en América Latina, después de Uruguay- a solo el 34% en 2021, según el Latinobarómetro”, recoge el documento. El movimiento dice que el Gobierno intenta culpar a la "falta de un marco legal” que permita la actuación de la policía. Afirma que esta es otra respuesta mediocre ante las masacres y la crisis de seguridad. “La realidad es que el gobierno no tiene rumbo, ni prioridades, ni capacidad de gestión pública. En medio de la crisis social y económica, la policía se encuentra desbordada, sin recursos suficientes para hacer su trabajo y enfrentar adecuadamente la inseguridad que vivimos. Se han retrocedido diez años en los niveles de seguridad alcanzados hasta 2017”, argumenta. La Revolución Ciudadana explica que antes del Gobierno de Lenin Moreno, la inversión pública en seguridad se triplicó. “Entre 2006 y 2016, la tasa de homicidios pasó de 17.7 a 5.7 por cada 100 mil habitantes, la más baja en Ecuador durante los últimos 15 años y solo superior a las de Chile y Bolivia en la región”, sostiene.
