Quito, 08 Jul (La Calle).- El experto en temas petroleros, Luis Calero conversó con Radio La Calle sobre las medidas que el gobierno de Guillermo Lasso implementará en los próximos 100 días en el sector petrolero.
¿Qué opinión le merece la inversión privada que busca implementar el gobierno en el sector petrolero?
El sector privado ha intervenido en el sector de petróleo desde siempre. Nunca en ningún gobierno dejó de intervenir. Se acentuó en la última década, pero bajo unos contratos de servicios específicos. La participación del sector privado en la explotación del petróleo es de al menos el 60%.
Con Petroecuador vemos una participación del Estado en el tema del petróleo…
Así es. El 60% lo abarca la empresa privada y el 40% Petroecuador. A Petroecuador se le atribuye el 80% de la producción, cuya mitad está encargada a empresas privadas, pero aparece como producción de esta empresa pública.
¿Cómo se reparten los beneficios?
Las empresas privadas reciben una tarifa por su trabajo. Depende de los precios del petróleo para marcar el costo de los beneficios. Esa modalidad la implementó el economista Rafael Correa. Él estableció tarifas fijas y con el costo de barril de crudo se calculaban esos valores. Por ejemplo si le daban 35 a la empresa y el barril está a USD 100 al Estado le quedaban USD 65.
¿Beneficia la renegociación del contrato al país?
No beneficia en absolutamente nada. Tanto así que en el gobierno de Lenín Moreno hubo participación internacional para analizar este cambio y el resultado es que no beneficia al Estado ecuatoriano.
¿Veremos un retroceso en el sector petrolero?
Lo que vamos a ver es un retroceso de ingresos al Estado. Después de unos años puede haber mayor producción, pero no significa mayores beneficios para el Estado.
¿Cuáles serían las políticas públicas idóneas para el sector petrolero?
Lo que se acaba de decretar no es una política pública sino un conjunto de medidas para un plan emergente. Un problema es que continuamos en lo mismo: el petróleo como fuente de ingresos fiscales que constitucionalmente está limitado y no como un elemento clave para la generación de energía en el país.
¿Cómo afecta al país la privatización de Petroecuador?
Tanto el caso Petroecuador como otros temas del decreto deben pasar por reformas constitucionales. Una reforma para convertir a Petroecuador de empresa pública a sociedad anónima cuyas acciones puedan ser objeto de transacciones en el mercado bursátil, por ejemplo.
¿Habrán reformas constitucionales en este gobierno?
No. Este es un conjunto de medidas que no tienen ni viabilidad jurídica ni viabilidad política.
