Quito, 14 jun (La Calle).- Hace cinco años, el movimiento »Son Niñas, No Madres» presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuatro casos de niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual, forzadas por sus Estados a continuar con sus embarazos, los casos aún siguen en trámite.
A partir de abril del 2022 entró en rigor la Ley del Aborto por Violación que permite que las mujeres, de hasta 12 semanas de gestación, que hayan sido víctimas de violación pueden acceder a este servicio.
Pese al avance en política públicas, Paulina Ponce, subdirectora de programas de Planned Parenthood Global en Ecuador y vocera del Movimiento Son Niñas No Madres, señala que aún hay mucho por trabajar. Resaltó que la normativa relacionada al aborto por violación, actualmente tiene 16 demandas de inconstitucionalidad.
Los desafíos
Entre los casos de sobrevivientes de violencia sexual aparece el de Norma en Ecuador. Ella fue forzada a una maternidad no deseada tras violaciones reiteradas por parte de su padre. Incluso cuando, al momento de los hechos, la ley ecuatoriana establecía que las niñas y las mujeres podían acceder al aborto legal cuando su vida y salud estuvieran en riesgo, esta posibilidad le fue negada y su agresor murió en impunidad.
La maternidad forzada infantil sigue siendo un grave problema en el país. En 2023, se registraron 1898 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años, situación que reflejó la alarma de esta crisis.
Norma de Ecuador, Fátima de Guatemala, Lucía y Susana de Nicaragua tenían entre 10 y 13 años cuando fueron víctimas de violencia sexual. Las cuatro tenían menos de 14 años cuando confirmaron sus embarazos producto de violación y a pesar de expresar su deseo de no ser madres les negaron el acceso a la interrupción de embarazo. Además de verse desprotegidas enfrentaron estigma, amenazas y violencia obstétrica. (AGM).
