La ley prohibe constuir en quebradas ¿qué pasa con Urkupamba?

Quito, 01 feb (La Calle). – El 31 de enero se suscitó un aluvión en el sector de la quebrada del tejado (La Gasca). El incidente dejó decenas de heridos, desaparecidos y muertos. Muchos señalan que la causa de este desastre se debe a la tala de árboles en la quebrada para la posterior construcción de unidades habitacionales.

Esta quebrada, se encuentra activa la construcción de edificios de departamentos a cargo del proyecto Urkupamba. Construcción que cuenta con la autorización y el aval de las autoridades municipales y gubernamentales. «Se trata de una Iniciativa innovadora en donde prevalece la conservación del ambiente, de árboles y vegetación propias de las laderas del Pichincha» expresa su sitio web.

Según esta misma página se detalla que va a ser usado un espacio de menos de dos kilómetros cuadrados (0,2 hectáreas) para el proyecto arquitectónico. La idea es mimetizar los demás espacios planificados del proyecto que abarque menos del 15% del área protegida. Este también propone la construcción de cenizarios para el mantenimiento biológico del área de bosque protegido que pretenden intervenir.

Urkupamba sería ilegal

Sin embargo, a través de su cuenta de twitter, la activista Sybel Martínez denunció que desde el 2012 está prohibido construir ni autorizar edificaciones en las quebradas. Esto lo basó en un documento adjuntado en el tweet que muestra la resolución número C:350. La resolución manifiesta una declaración como patrimonio natural, histórico, cultural y paisajístico al sistema de quebradas del distrito metropolitano de Quito. En este documento también se afirma que existirán estrategias destinadas a la recuperación y gestión ambiental de estas zonas geológicas.

Asimismo se estipula la seguridad y prevención de daños por medio de sanciones. También el control conjunto de los distintos cuerpos de funcionarios municipales y centrales tales como los bomberos. Esa institución puso el visto bueno para la puesta en marcha del proyecto Urkupamba. Las denuncias muestran una presunta negligencia e ilegalidad en la autorización de los permisos. Hasta ahora no existe respuesta ni aclaración de parte de las autoridades municipales ni se han dado declaraciones desde la empresa que promueve el ‘cenizario’.

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