Quito, 25 ene (La Calle). – La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en una rueda de prensa, informó sobre los ejes del proyecto de la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, que se enviará esta tarde a la Asamblea Nacional.
La funcionaria explicó que el objetivo de esta Ley será garantizar los mecanismos de intervención y trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para trabajar de forma coordinada en temas de seguridad.
Vela explicó que el proyecto de Ley se ha estructurado en torno a cinco ejes. El primer eje es el uso de progresivo de la fuerza; el segundo, la cooperación entre las fuerzas del orden, es decir, entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El tercero consiste en los mecanismos de defensa para proteger a los miembros de la fuerza pública cuando realizan una intervención para proteger a los ciudadanos.
Este eje, indicó Roberto Andrade, asesor en el proyecto de Ley, “fortalecerá al Ministerio de Gobierno para que pueda dar patrocinio legal a los servidores policiales que, producto del ejercicio de su deber, se vean inmersos en una investigación, en un proceso penal”.
En este sentido, el proyecto plantea que el Ministerio de Gobierno dote de recursos, mediante mecanismos de contratación pública, para asignación de abogados a los miembros de la fuerza pública. «El Estado “garantizará el mecanismo necesario para que el este pueda asumir los honorarios de los abogados que realizarán la defensa de los servidores públicos, que es la parte que la ley no prevé”, dijo.
Andrade enfatizó en que, «si algún miembro de la fuerza pública actúa bien, siguiendo los criterios legales y constitucionales, tendrá todo el respaldo del Estado ecuatoriano para salir bien librado”.
El cuarto eje es un conjunto de reformas que se propone realizar al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que, según las autoridades, “solucionará algunos de los vacíos y las contradicciones que existen en la normativa y que impiden realizar el trabajo de la fuerza pública.
Por último, el proyecto de Ley propone un conjunto de normas para garantizar una mejor administración de los centros carcelarios y el control efectivo de los centros de rehabilitación penitenciarios.
Respecto a este eje, las reformas previstas y propuestas son fortalecer la institucionalidad alrededor del organismo técnico para que sea más fácil la coordinación y la administración de los centros de privación de libertad.
Tambien reformar los procesos penales con el fin de reducir el hacinamiento. Por ejemplo, la revisión de los requisitos para que un juez pueda dictar prisión preventiva.
El Gobierno considera que “el problema fundamental que enfrenta el país en este momento es la seguridad” y exhorta a la Asamblea Nacional para que brinde el “respaldo oportuno y la agilidad necesaria en todas las instancias de tratamiento de la ley, desde la aprobación en el Consejo de Administración Lagislativa (CAL), hasta la aprobación en el Pleno, en el lapso de los próximos 30 días”.