Por: Sebastián Tamayo Villarroel / @tamayo95se
A pocos días del 24 de mayo de 2017, el gobierno ecuatoriano anunciaba un «diálogo nacional», espacio en el que concluirían ideas diversas e iniciaría un profundo debate sobre el Ecuador.
En la práctica, el consenso que planteaba Lenín Moreno se convirtió en un contrato, pero no social pues permitió el regreso de políticos carentes de representatividad que guardaban amplias ínfulas de poder, heredadas de la Democracia Popular, PRE, entre otras.
El gobierno robusto de fuerzas políticas que podía prescindir del gabinete completo, a pocos días de culminar su mandato, planea jugadas maratónicas para suplir los ministerios abandonados.
Como en toda hegemonía, en teoría, los grupos subalternos deben ser reconocidos con el fin de incluirlos o al menos reconocerlos en el ideario democrático, a fin de evitar una crisis hegemónica.
Esta premisa, explicaba la pretensión inicial del primer mandatario al convocar al «dialogo nacional», sin embargo los invitados no fueron los grupos sociales; fueron los actores políticos. Con ello, fue fácil descuidar a las minorías e instaurar un gobierno maquiavélico con buenas leyes, buenas armas y buena paga.
Durante el año 2018, el presidente Moreno solicitó en dos ocasiones la renuncia de todo el gabinete. La primera vez fue el 8 de mayo de 2018 y la segunda el 25 de noviembre del mismo año.
La única justificación fue ese mismo «diálogo» pues, con tantos «eruditos» conversando con Lenín fue obvio el cambio abrupto en la correlación de fuerzas del ejecutivo.
A inicios de 2019, se consumaba el compromiso adquirido con los grupos económicos: la remisión tributaria gracias a la Ley de Fomento Productivo que, a su vez, presumo justificaba la llegada de Richard Martínez.
Poco tardó la primera carta de intención con el FMI cuyo desenlace fue el Paro Nacional de octubre 2019. A pesar de las adversidades que enfrentó el Ejecutivo, el equipo que Moreno había consolidado no lo abandonó a diferencia de los acontecimientos desencadenamos a raíz de la pandemia.
Quizá las proyecciones político-económicas de quienes ostentaban el poder en 2019, guardaban algo de aliento al mediano plazo, motivo que instó el acompañamiento del gabinete durante el Paro. Con las crisis posteriores, por diversos factores, no sucedió lo mismo.
Durante la etapa más algina de la pandemia en el país, el 21 de marzo de 2020 renunció Catalina Andramuño al Ministerio de Salud. El 7 de octubre de 2020 renunció Richard Martínez al Ministerio de Finanzas; 24 de noviembre de 2020, la Asamblea Nacional destituye a María Paula Romo del Ministerio de Gobierno; 19 de febrero de 2021 renunció Juan Sebastián Roldan a la Secretaría de Gabinete. El 26 de febrero de 2021, ante el cuestionamiento público por la administración de vacunas renunció Juan Carlos Zevallos al Ministerio de Salud.
Finalmente, el 6 de marzo de 2021, en el contexto de la crisis carcelaria, renunció Patricio Pazmiño al Ministerio de Gobierno.
Así, el apocalipsis de Moreno concluye con el abandono del Ejecutivo ante cualquier problema, más vale guardar sus propias espaldas que el devenir del país.
