Quito, 17 ene (La Calle). – La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, admitió, mediante un comunicado, la modificación de fechas dentro del caso de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, e intentó justificar la alteración de fechas al indicar que corresponde a la oralidad de los procesos.
“La fiscal está confundida, la oralidad de los procesos tiene que ver con que se puedan debatirlos en audiencias y no tiene que ver con la exigencia que tienen las autoridades y, sobre todo ella, de registrar sus actuaciones y de ponerlas por escrito cuando hay una orden de investigar y aprehender a Carrión”, dijo Angélica Porras, abogada de Carrión, según reseña Radio Pichincha.
La defensa de Carrión expresó su inconformidad y reclamó que “Salazar debió explicarlo ante el juez, en su momento, y no esperar a que la defensa descubra la modificación de fechas y ahora tratar de salir a justificar”.
Además, la abogada defensora señaló que la fiscal reconoce que están alteradas las fechas, pero argumenta que es una formalización posterior de las disposiciones verbales, pero eso no fue explicado.
“En el documento tenía que haber dicho que fue, mediante disposición verbal que hizo la delegación y por eso se iniciaron las investigaciones”, afirmó Porras. Asimismo, indicó que esto demostraría las irregularidades dentro del caso.
Por otro lado, Priscila Schettini, esposa de Carrión, mencionó que esta información fue presentada a la Asamblea Nacional para que inicie una investigación y un juicio político contra Diana Salazar, por el incumplimiento de sus funciones.
Investigación por fraude procesal
En septiembre de 2021, Angélica Porras y Richard González, abogados defensores de Freddy Carrión, presentaron una denuncia por fraude procesal contra la Fiscal General, Diana Salazar, Mayra Soria, delegada de la fiscal, y Juan Fernando Ramos, Mayor de la Policía.
Esta denuncia fue presentada ante Fiscalía y se abrió una investigación previa liderada por el fiscal General subrogante, Wilson Toainga.
En la denuncia se propone la aparente forja de documentos para la detención inconstitucional e ilegal de Carrión, quien fue acusado por el supuesto delito de abuso sexual.
El fraude procesal, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se da cuando se engaña al juez en el curso de un procedimiento civil o administrativo al ocultar o alterar instrumentos, evidencias, o estado de cosas, lugares o personas. Y se sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años.
El viernes 14 de enero de 2022, Salazar compareció y rindió su versión por su presunta participación en el delito de fraude procesal, en el caso de Freddy Carrión.
