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La defensa presentó pruebas documentales y la fiscal recibió un llamado de atención en el noveno día de audiencias del Caso Sobornos

Quito, 26 feb (La Calle). – En la tarde del noveno día de audiencias en el Caso Sobornos 2012-2016, los abogados de Víctor Fontana (FOPECA) y Alberto José Hidalgo (Hidalgo e Hidalgo) presentaron sus pruebas documentales ante los jueces, Fiscalía, y Procuraduría General del Estado.

El representante de Fopeca se refirió a los contratos: mejoramiento de vías en Riobamba; rehabilitación Manta- Manaos, Manta-Quevedo; vía San Pablo, Quebrada Guayaquil; y Daule Sopladora señalando que fueron obtenidos por licitación. Para probarlo, mencionó y entregó documentos de certificación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en los que constan su participación en dichas licitaciones. Esto demostraría, según la defensa, que la empresa no consiguió estos contratos por carta de invitación como sostuvo Fiscalía.

En el caso específico de la rehabilitación Manta-Manaos, Manta-Quevedo, la Fiscalía presentó un contrato complementario como prueba, sin embargo, la defensa señaló que se trata de un contrato en el que se realizan ajustes de plazo o precio.

En cuanto a los contratos: vía San Pablo-Quebrada Guayaquil y Daule Sopladora, además de haber constancia de licitaciones, fueron firmados en el 2010, es decir, están fuera del periodo de investigación determinado por la propia Fiscalía.

Por otro lado, la defensa de Alberto Hidalgo (Hidalgo e Hidalgo) objetó acerca de los contratos: Cuenca-Azogues-Biblián; Troncal-Puerto Inca; Guaranda-Las Herrerías; Tena-Puerto Napo; San Antonio-La Margarita; Cahuají- Pillate-Cotaló; Trasbase Chongón San Vicente; y Oña-Loja. De forma similar al caso de Fopeca, el abogado presentó documentos emitidos por el MTOP en los que constan que la empresa sí hizo ofertas para el proyecto, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y entregando todos los documentos necesarios. Así mismo, presentó actas de adjudicación. Según sostuvo, dos de esas actas no fueron firmadas por ninguno de los procesados, por tanto aseguró que la prueba no es pertinente en el caso.

Finalmente, resaltó que los proyectos Oña-Loja y Chongón-San Vicente y Quevedo-Babahoyo se firmaron en 2007, 2011 y 2008 respectivamente. Es decir, fuera del periodo de investigación.

Para cerrar la audiencia, Fiscalía y Procuraduría se pronunciaron acerca de las pruebas presentadas por la defensa. Señalaron que las mismas no están siendo analizadas en contexto y que hay documentos que son copias simples o copias de copias, por lo que no tienen validez como prueba.

Durante estas intervenciones, los abogados protestaron por el hecho de que la fiscal estaba presentando argumentos. En una de esas oportunidades el juez, incluso, le hizo un llamado de atención.

La audiencia se reanudará el jueves 27 de febrero a las 9:00.

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