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La Corte Constitucional tiene la última palabra para empezar la consulta popular

Quito, 14 nov (La Calle). – El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que las ocho preguntas para la consulta popular están en firme. Ahora solo falta una resolución respecto a las tres últimas preguntas en revisión para empezar el proceso.

En rueda de prensa, Jiménez mencionó que ocho preguntas ya están aprobadas por la Corte Constitucional (CC). Dos están relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana, mientras que las otras se integran a los temas económico-ambientales, seguridad e institucionalidad.

Actualmente, solo falta la resolución de tres preguntas enviadas el 31 de octubre del 2022. Dos tienen que ver con la seguridad y una gira en torno al impuesto a la renta. En la presentación de estas preguntas, el jefe ministerial recalcó que la última estimula la contratación de las personas mayores a 45 años.

Agregó que todo el proceso ha ido de acuerdo al cronograma que han establecido y esperan que la consulta electoral se desarrolle en las elecciones seccionales 2023. Por el momento, solo esperan la resolución para armar el manuscrito de 11 preguntas y empezar el proceso junto Consejo Nacional Electoral (CNE).

«No tenemos mayor preocupación, quién sabe y tal vez sea este fin de semana que contemos ya con la resolución de la CC», manifestó.

¿Cuáles son las 11 preguntas?

  • ¿Está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?

El artículo 79 de la Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos, sin importar el delito que hayan cometido. Esto incluye aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. El objetivo del Gobierno es que los ciudadanos sean juzgados en los países donde cometieron el delito.

  • ¿Está de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a sus servidores a través de un Consejo Fiscal?

El objetivo es “garantizar la autonomía de la Fiscalía”. Y que, en adelante, sea la misma entidad la que tenga la responsabilidad sobre los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal.

  • ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a un nuevo criterio?

En las elecciones del 2021 los ciudadanos eligieron a 137 asambleístas. Para el 2025 se estimaba que sean 152. El motivo es porque la cantidad de legisladores debe aumentar en proporción al crecimiento poblacional. Para esto el Gobierno sugiere:

1 asambleísta por provincia

1 asambleísta provincial adicional por cada 250 mil habitantes.

2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes

1 asambleísta por cada 500 mil habitantes que residan en el exterior.

  • ¿Está de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del padrón?

Cabe recalcar que esta pregunta apunta a los 272 movimientos políticos, más no a los partidos. En este sentido, el Ejecutivo propone un control de sus miembros, que sea auditado periódicamente.

  • ¿Está de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?

El objetivo es crear un subsistema de protección hídrica, que forme parte de Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo control estatal.

  • ¿Está de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones por la generación de servicios ambientales?

Según el respectivo documento se estipula que el Estado “definirá los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de los mismos”.

  • ¿Está de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Cpccs e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, a través de la Asamblea?

El Gobierno plantea que el proceso de selección para las autoridades de control sea en el Legislativo. La designación del Contralor, Fiscal, defensores Público y del Pueblo, y a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) estarán a cargo de la Asamblea Nacional.

  • ¿Está de acuerdo con modificar el proceso de designación de Cpccs para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea?

La pregunta plantea eliminar las elecciones por sufragio universal de los consejeros del Cpccs y propone que sean elegidos con el voto de la mayoría absoluta del Legislativo. La comisión técnica de selección remitirá una lista de 20 candidatos.

  • ¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia?

Según el Estado el objetivo es invertir en la educación de niños y adolescentes todos los recursos que se generen del comiso de bienes, por delitos relacionados con el crimen organizado. Las cifras oficiales apuntan que en Ecuador existen 668.203 niños entre 3 y 4 años, de los cuales el 49,75% no recibe atención de ningún servicio educativo inicial.

  • ¿Está de acuerdo en tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada?

El objetivo de la pregunta planteada es reducir la impunidad de la extorsión por “protección”, agregando un nuevo artículo al Código Integral Penal (COIP), que tipifique la extorsión con 7 a 10 años de prisión.

  • ¿Está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la Renta para quienes emplean a personas de 45 años o más?

Según el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, esta pregunta “es un incentivo tributario para las personas mayores a los 45 años, es decir, para estimular la contratación de las personas de más de 45 años y que, en función de esa contratación, (quienes las contraten) reciban un estímulo tributario en sus exenciones de los impuestos a la renta”, recalcó.

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