Quito, 14 sep (La Calle).- Hasta estos momentos, se desarrolla el juicio político contra el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones y falta de probidad en el cargo.
La bancada de UNES sostuvo que no apoyará el proceso; mientras que la bancada de Pachakutik, en horas de la mañana, confirmó que votará a favor de la censura y destitución de Carrión.
Sin embargo, la CONAIE, que representa a las bases del movimiento indígena, a sus pueblos y nacionalidades, emitió un comunicado contrario a la decisión de Pachakutik. La organización hace un llamado, a los legisladores, «a no prestarse para maniobras de distracción, que buscan dejar en la impunidad los actos de corrupción del gobierno de Lenín Moreno y más gobiernos de derecha».
Peor aún, dice el documento, “para evitar la sanción a los responsables directos: María Paula Romo, Oswaldo Jarrín y Lenín Moreno, de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, cometidos en octubre de 2019, donde varios de nuestros hermanos perdieron la vida y fueron mutilados por el uso excesivo de la fuerza pública”
La organización señala que las múltiples evidencias de la violencia del Estado están documentadas en el Informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia, integrada y alimentada por los informes de la Defensoría del Pueblo. Así como en la denuncia por delitos de lesa humanidad presentada en la Fiscalía General del Estado, en contra del Gobierno de Moreno, precisamente por Freddy Carrión.
“Consideramos que, a partir de este escenario, es clara la persecución judicial, política, sistemática e ilegal a un defensor de los DDHH, develando una serie de irregularidades en el debido proceso que enfrenta. El objetivo es invalidar la labor y denuncias realizadas, que demuestran la responsabilidad de altas exautoridades de gobierno, que ahora presionan para salvarse de los juicios que se les viene”, señala el documento.
La CONAIE también argumenta que no hay causales para censurar y destituir al Defensor del Pueblo, por incumplimiento de funciones. Repudian cualquier posible acto de abuso sexual. Pero reiteran que estas presunciones y las acusaciones formuladas, deben ser tratadas por las autoridades judiciales, respetando el debido proceso.
También recuerdan que el Estado aún no ha dado respuesta a los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, la Defensoría del Pueblo del Ecuador y varias organizaciones de derechos humanos, respecto de los hechos de octubre de 2019, donde existieron numerosas víctimas.
