Por: Ec. Marco Flores / @MARCOAFLOREST
En pocas semanas esta Comisión presentará un informe con recomendaciones para la salvación de la seguridad social ecuatoriana. Pero no parece realmente necesario esperar por el informe, pues los criterios abiertamente neoliberales del asesor económico de los dos últimos gobiernos que dirige la Comisión de salvación son bien conocidos desde la época en que la desregulación del sistema financiero y los penosos créditos de liquidez del Banco Central abrieron las puertas del infierno que dieron paso al feriado bancario.
Predicciones del informe
Es altamente previsible que en tiempos del «Gobierno Mínimo» el informe concluya que es urgente:
1. Posibilitar la privatización y destino de los aportes de los trabajadores y empleadores, en todo o en parte, hacia instituciones financieras privadas. Como en Chile, pero sin ser Chile.
2. Aumentar el actual porcentaje de aportes de los trabajadores, de los empleadores, o de ambos. Alguien tiene que pagar la cuenta de los años de «despilfarra», dirán los técnicos del Gobierno.
3. Incrementar los años de servicio y la edad de los trabajadores para poder jubilarse.
4. Eliminar del beneficio a los hijos de los afiliados menores de 18 años que tienen acceso gratuito a los servicios de salud del IESS o exigir que también se pague por ellos.
5. Eliminar a las esposas o convivientes de los afiliados que tienen acceso a los servicios de salud del IESS pagando el 3,41 % del salario de aportación. Seguramente la alternativa también será incrementar el aporte.
6. Cambiar la base de cálculo para que no sean los 5 años de mejores sueldos o salarios sobre los cuales aportó el trabajador los que sirvan de base para establecer la pensión de jubilación.
Algo que jamás dirán…
Es esperable que el informe advierta que de no aplicarse los consejos de la Comisión de salvación la bancarrota financiera que se producirá en poco tiempo al menos impedirá el pago de jubilaciones. Paralelamente un coro mediático aplaudirá la propuesta e insistirá que su aplicación es urgente.
Difícil será esperar que el informe reconozca que en Ecuador los impuestos, aranceles, tasas y recargos no son bajos ni insuficientes, sino que el crecimiento de su economía es frágil, inestable y reducido. Tanto que el promedio anual de crecimiento del PIB entre los años 2017 a 2022 apenas llegó al 0,9%, mientras la población creció al 1,54%.
Difícil, finalmente, que el informe reconozca que el peso del llamado ajuste económico nunca debe recaer sobre los pobres y necesitados. Que la mano invisible que todo lo arregla no existe. Que es indispensable un nuevo contrato social entre Estado, trabajadores y empleadores.
Que hace falta una verdadera y sostenida reactivación económica que permita generar crecimiento con empleo y progreso compartido porque entre la inequidad y otras desgracias al menos un 65% de trabajadores están desempleados y subempleados, limitando el número de aportantes al IESS y constituyendo causa mayor de recursos económicos insuficientes.
