Quito, 26 ago (La Calle).- La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el estudio del proyecto de Ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en caso de violación. Según la sentencia expedida por la Corte Constitucional tendrán 6 meses para tramitar esta normativa.
La defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, explicó que la propuesta fue construida con la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, instituciones y organismos internacionales.
Asimismo, dijo que de acuerdo con la disposición de la Corte, el proyecto fue elaborado en dos meses. Durante este tiempo visitaron todas las provincias del país y organizaron mesas técnicas con la participación de especialistas, ginecólogos, médicos, psicólogos, entre otros.
Rovira aseveró que esta iniciativa surge desde el empoderamiento de las mujeres y sus reivindicaciones, donde el acceso a la justicia es determinante para la reparación de las víctimas de violación.
Reiteró que nueve organismos internacionales, entre ellos ONU Mujeres, brindaron soporte técnico y compartieron experiencias a nivel internacional sobre esta problemática.
Entre los ejes del proyecto está la atención integral a las víctimas; la calidad de la atención y buena fe. La iniciativa contiene normas sobre el objeto, finalidad, principios, derechos, obligaciones, y proceso para acceder a la interrupción del embarazo por violación. Así como recursos y garantías para las víctimas, derecho a la reparación de las víctimas y promoción de este derecho.
Posturas de las legisladoras
La asambleísta alterna de UNES, Gissela Garzón, enfatizó en que las niñas no son madres. Aseguró que las niñas que abortan y fueron violadas no tienen una condición adecuada cuando no hay un acompañamiento psicológico, sanitario ni educativo desde Estado.
Por su parte, Johanna Moreira de la ID, señaló que “se debe construir un proyecto de Ley que no permita la revictimización y que, sobre todo, le pueda dar el derecho a las mujeres que han sido violadas y puedan abortar en condiciones dignas”.
Jhajaira Urresta, de UNES, indicó que entre 2019 y 2021, las violaciones a niñas y mujeres menores de 22 años se incrementaron en 286. Asimismo, dijo que 122 niñas fueron acusadas por homicidio culposo, porque las menores no sabían que estaban embarazadas.
.
